El cierre y desmantelamiento de las centrales nucleares se enfrentan a la falta de finaciación y a un vacío legal

Los ocho reactores nucleares que están operativos en nuestro país tienen una cuenta atrás sobre sus cabezas, independientemente de si se está o no a favor de las nucleares o de si éstas centrales son o no rentables. El problema de fondo, agravado por el debate sobre la reapertura de Garoña, ha provocado un agrio choque político y empresarial por ver quién paga su multimillonario desguace. Una tarea, la de desmantelar una nuclear que prevee el Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), que recae en Enresa, y para la que no existe una legislación clara en España.

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