Memoria 2017 de la Fiscalía: Urbanismo y Ordenación del Territorio

La Memoria 2017 de la Unidad de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía General del Estado detalla las actividades e iniciativas desarrolladas por la Unidad de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía General del Estado a lo largo del pasado año 2017. En este artículo se analiza su participación en propuestas legislativas e intervención en la tramitación de procedimientos de naturaleza jurídico ambiental en el ámbito del urbanismo y ordenación del territorio.

En materia de delitos contra el urbanismo y la ordenación del territorio, Huelva destaca un incremento de las causas tramitadas durante 2017, al igual que sucede con Girona. Por su parte la Memoria de Cáceres, indica que la mayoría de los pronunciamientos son condenatorios, obligando a la demolición de lo construido. En no pocos asuntos se produce la demolición previa a la Vista Oral a cargo de los propios promotores que se ven beneficiados de la atenuante de reparación contemplada en el art. 340 del Código Penal.

El Fiscal de Las Palmas, pone de relieve el incremento de las denuncias ilegales en los supuestos de “autoconstrucciones”, un nuevo y emergente fenómeno que, sin título habilitante y en clara contravención con el planeamiento urbanístico, se dispone por determinadas personas por su cuenta y riesgo a la construcción en terreno rústico de una vivienda ilegal. Continúa ésta Fiscalía destacando que, en las diligencias referentes a delitos contra la ordenación del territorio, la mayor parte de las mismas se refieren a supuestos acompañados de delitos de desobediencia a la autoridad por no acatar las órdenes de paralización de construcciones ilegales, tanto en suelo no urbanizable genérico como en suelos especialmente protegidos. A diferencia de lo expuesto en Memorias anteriores –en relación con el origen de la denuncia -, en 2017 se han venido recibiendo denuncias de la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria y ello supone un significativo avance en defensa de la legalidad urbanística del territorio canario.

Destaca también la Fiscalía de las Palmas, las diligencias previas seguidas ante el Juzgado de Instrucción de Arrecife por la denominada “Operación Yate” que han concluido con sentencia condenatoria respecto de 8 acusados por delitos de prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales y malversación. Se condenó al entonces alcalde del municipio de Yaiza a una pena de 6 años de prisión y la devolución de 300.000 euros así como comiso de los bienes muebles e inmbuebles descritos en la calificación provisional.

Por su parte la memoria de La Rioja en esta materia indica que, el Ayuntamiento de Arnedo ha trasladado a la Fiscalía Superior tres denuncias por desobediencia de la orden de paralización de una obra ilegal; se ha formulado la correspondiente denuncia. Destaca este hecho porque, anteriormente, la Administración no denunciaba esta infracción penal (denuncia que, evidentemente, no exime al Ayuntamiento de su obligación de ejercitar sus potestades en materia de disciplina urbanística). Una de las construcciones ilegales en suelo no urbanizable protegido investigada judicialmente, fue vendida a terceros (desconocedores de la ilegalidad de la construcción, de la investigación de la Guardia Civil y de la inminente incoación de expediente para la restauración de la legalidad urbanística), por precio de 32.000 euros; el Fiscal ha formulado acusación por estafa ante el Juzgado de Instrucción Nº 3 de Logroño; el asunto tendrá relevancia en cuanto que en la acusación que se formule, una vez resueltos los recursos interpuestos, se pedirá la demolición de la construcción ilegal.

Como apreciación general, el Fiscal de esta Comunidad Autónoma indica que, con patente cinismo, algunos infractores han alegado en expedientes municipales incorporados a las causas penales que, dado que la normativa general y específica no ha impedido la proliferación de construcciones ilegales, y que muchas de ellas no podrán ser demolidas, las normas protectoras han perdido ya su razón de ser, y conviene dejar el suelo afectado sin la protección existente. Es evidente que este planteamiento no puede ser asumido; pero ha de estarse alerta ante eventuales disposiciones que vayan en dicha línea, o cuya consecuencia, sea querida o no buscada, conduzca a ese fin.

El incremento de asuntos relativos a construcciones ilegales ha sufrido, según la Memoria de Cádiz un aumento sustancial, sobre todo en la demarcación de la Fiscalía de Area de Algeciras, al existir una mayor colaboración del Ayuntamiento de Los Barrios. Así la urbanización ilegal aislada ha motivado un notorio incremento de los procedimientos en esta materia. La Fiscal Delegada de Cádiz menciona concretamente las diligencias, ya incoadas en 2016, del Juzgado de Instrucción 3 de Chiclana, procedimiento conocido como Operación Obra Nueva –ya citado en anteriores Memorias- en el que se investiga una amplia trama de delincuencia urbanística, que ya alcanza una gran dimensión que ha motivado su desglose en varias Diligencias Previas correspondientes a distintas fincas matrices

Importante es el denominado “Caso Serrallo” que reporta la Fiscalía de Granada y en cuya causa se ha dictado auto de incoación de procedimiento abreviado contra el constructor, los funcionarios investigados, así como el ex-alcalde, la ex -concejal de Urbanismo y los concejales integrantes de la Junta de Gobierno Local, entre otros, por delito contra la ordenación del territorio, prevaricación urbanística, fraude en la contratación y malversación de caudales públicos. Es importante hacer hincapié en que la pericia fue asumida por los inspectores de Ordenación del Territorio de la referida Consejería ya que no era factible solicitar el informe al Interventor municipal por encontrarse investigado en las referidas causas.

Esta misma Fiscalía llama la atención de la Sentencia recaída en el rollo de Sala 76/2016 de la Audiencia Provincial de Granada en la que se condena al alcalde de Gójar que, en colaboración con los otros acusados, y con la finalidad de beneficiar a su hermano y a la empresa de éste (que se proponía la construcción de dos edificios de 19 viviendas, locales y aparcamientos) realizó todas las actuaciones necesarias para conseguir dicho objetivo, con absoluto desprecio a la legalidad.

Por su parte la Memoria de Ciudad Real, establece que, la imputación de delitos contra la ordenación del territorio, ha provocado en la Provincia de Ciudad Real múltiples controversias. No obstante se ha observado una reducción en la entrada de estos tipos delictivos, sobre todo en los relativos a las edificaciones realizadas en los Polígonos 205 y 208 de Ciudad Real que siguen un mismo patrón: reparcelaciones encubiertas y edificaciones de segundas residencias efectuadas sin licencia alguna, habiendo generado una situación de indisciplina generalizada y auténticas urbanizaciones ilegales en dichos Polígonos, terrenos catalogados por el Plan de Ordenación Urbana como suelo Rústico de Especial Protección Agropecuaria. Se han incoado tan sólo dos procedimientos judiciales procedentes de diligencias de investigación preprocesales a raíz de la remisión por el Ayuntamiento de Ciudad Real de los Expedientes Sancionadores y Expedientes de Restauración de la Legalidad urbanísticas contra los infractores.

La Fiscalía de Córdoba expone un hecho que se viene produciendo desde 2011 en otras provincias y es el descenso de denuncias en el ámbito de este tipo penal. Frente a ello, en esta ciudad existe un fuerte asociacionismo de los propietarios de viviendas ilegales que demandan con medidas de presión al Ayuntamiento – frecuentes cortes de calles, incluso carreteras, manifestaciones, asistencia a Plenos del Ayuntamiento, llegando a provocar la suspensión de un Pleno en 2017 - el enganche a los servicios básicos de muchas de las parcelaciones. La prensa local se hace eco de estas demandas que, por otra parte, son también objeto de contestación social por parte de otros ciudadanos que se oponen a que el Ayuntamiento dé ningún tipo de reconocimiento a tales edificaciones. Es de reseñar que algunas de ellas se encuentran situadas en terrenos inundables de la ribera del río Guadalquivir o bien en terreno de especial protección de la ribera de la Sierra, éstas además enclavadas en terrenos con riesgo extremo de incendio.

La misma tendencia se observa en la provincia de Albacete, indicándose que el número de Procedimientos Abreviados en los que se ha formulado acusación por delitos contra la ordenación del territorio, es sensiblemente inferior a los incoados en el año 2016, probablemente debido al efecto disuasivo que produce la labor desarrollada por las Unidades Especializadas del Equipo de Patrimonio y Delincuencia Urbanística de la Guardia Civil, que ha contribuido a un mayor control de las infracciones urbanísticas que se producen en el territorio de determinados municipios.

La Fiscalía de Ávila describe casos de parcelaciones y construcciones posteriores en la provincia. En estos casos llama la atención que todos los investigados que han prestado declaración hasta este momento, han manifestado que en la zona donde se encuentran sus fincas, así como en otros lugares del mismo término municipal, existen más fincas que se han vendido y construido de la misma forma ya descrita, razón por la que por parte de esta Fiscalía se ha solicitado del SEPRONA que llevan a cabo visita a esa zona para que, en su caso, realicen las investigaciones necesarias sobre otras fincas en iguales condiciones.

Por su parte la Fiscalía de Murcia indica que la mayoría de las diligencias incoadas se refieren a construcciones ilegales cometidas por particulares en suelo no urbanizable de la huerta de Murcia, siendo el principal denunciante en Fiscalía, las Gerencias Municipales de Urbanismo, seguido de asociaciones ecologistas, y de los particulares, siendo los delitos sobre la ordenación del territorio los que más asuntos incoa la sección y que da lugar al mayor número de denuncias o querellas.

La Fiscalía Superior de Extremadura destaca la denuncia formulada por la Fiscal Delegada de Cáceres, por delitos de prevaricación omisiva y del deber de perseguir delitos, contra la alcaldesa y concejales de urbanismo del Ayuntamiento de Plasencia, por permitir un dilatado proceso de edificación clandestina masiva en el paraje conocido como Sierra de Santa Bárbara. Al ponerse de manifiesto que una de las personas investigadas era diputada de la Asamblea de Extremadura, el Juzgado elevó la correspondiente exposición razonada a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia que incoó Diligencias Previas y que conforme al criterio del Fiscal decidió asumir su propia competencia, y no sólo respecto de la aforada, sino también para el resto de investigados a fin de no provocar ruptura de la continencia de la causa.

Medidas Cautelares

La Fiscalía de Las Palmas, como ya se venía haciendo en años anteriores, durante el año 2017, ha solicitado, al tiempo de interponer la pertinente denuncia y en los casos en los que las edificaciones ilegales se encontraban en fase constructiva, la adopción por el Juez de Instrucción de medidas cautelares consistentes en la paralización de los trabajos de construcción, el cese de los suministros de agua y luz, que no accedan tales edificaciones al Registro de la Propiedad y al Catastro, y que se le exija fianza al infractor para hacer frente a los gastos de una futura demolición.

Por su parte Cádiz refiere que, casi todas estas construcciones ilegales que son objeto de investigación en los procedimientos judiciales, han sido previamente objeto de un procedimiento de disciplina urbanística incoado por el Ayuntamiento correspondiente o por la Delegación de Medioambiente de la Junta de Andalucía, observándose la escasa eficacia que tienen las medidas cautelares de paralización acordadas en dichos procedimientos administrativos, que son incumplidas en la gran mayoría de los casos, sin que exista posibilidad de acusar por el delito de desobediencia al haberse notificado los diversos Decretos a familiares de los investigados u otras terceras personas y no directamente a ellos.

Prevaricación en Ordenación del Territorio y otros delitos de similar naturaleza

La Sección de Medio Ambiente de la Fiscalía de Almería ha formulado desde su creación 52 escritos de acusación contra funcionarios públicos, 28 concluidos con sentencia firme.

Girona, por su parte expone que, en el año 2017, se mantiene la presentación de denuncias por corrupción municipal vinculadas a cuestiones urbanísticas y medioambientales, con un descenso importante en lo que respecta a atestados de Agentes Rurales, y relativo incremento de denuncias de particulares y grupos políticos de oposición.

Destacable la apreciación que realiza Cáceres en su Memoria en el sentido de que crece, cada vez más, la confianza ciudadana en la función del Fiscal de Medio Ambiente para hacer frente a los comportamientos indiciariamente prevaricadores de los funcionarios Públicos, lo que puede objetivarse en la circunstancia de que, prácticamente todas las condenas por delitos del art. 320 del Código Penal, han tenido su origen en una querella del Fiscal de Medio Ambiente.

Lee el texto completo correspondiente a las secciones de Urbanismo y Ordenación del Territorio en la Memoria 2017 de la Unidad de Medio Ambiente y Urbanismo, páginas 29 a 41.