Memoria 2017 de la Fiscalía: reciclaje ilegal de residuos electrónicos

La Memoria 2017 de la Unidad de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía General del Estado detalla las actividades e iniciativas desarrolladas por la Unidad de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía General del Estado a lo largo del pasado año 2017. En este artículo se analiza su participación en propuestas legislativas e intervención en la tramitación de procedimientos de naturaleza jurídico ambiental en lo referente al reciclaje ilegal de residuos electrónicos

Destaca en este punto la presentación por el Fiscal de Las Palmas el 27 de noviembre de 2017 de escrito de acusación contra 6 acusados y 5 personas jurídicas por delito continuado ( artículo 74 del código penal) contra la seguridad colectiva en la modalidad medioambiental de delito de riesgo catastrófico provocado por explosivos y otros agentes del artículo 348.1 inciso final del Código Penal, sustancias que agotan la capa de ozono; Con infracción de las disposiciones de carácter general protectoras del Medio Ambiente previstas legalmente en Reglamento (CE) n.º 842/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, sobre determinados gases fluorados de efecto invernadero y el Reglamento (CE) n.º 1005/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de septiembre de 2009 sobre las sustancias que agotan la capa de ozono.

La Memoria de Zaragoza dedica una parte muy extensa de su Memoria a los residuos electrónicos. Así destaca que, en 2017, fue muy importante la labor de investigación encomendada a esa sección en relación a la posible connivencia de los Sistemas Integrados de Gestión (SIG) dedicados al reciclaje de RAES, con los productores e importadores para beneficiarse todos ellos de la tasa de reciclaje que se cobraba a los distribuidores y que éstos repercutían en el precio final del aparato. Tras constatar que existían indicios de que las cifras de aparatos reciclados podrían estar siendo aumentadas ficticiamente para justificar el destino de ese dinero recaudado y que las empresas debían llevar a una cuenta específica para atender el coste del reciclaje. Para comprender la magnitud de los hechos, según fuentes del sector, se podrían estar vendiendo en España por encima de un millón de frigoríficos al año, de los cuales reciclados correctamente no llegarían al veinte por ciento, lo que deja un margen amplísimo para manipular las cifras, teniendo en cuenta además que los aparatos se venden por unidades y en el sector del reciclaje la unidad es la tonelada.

Para ello, se organizó una operación con la unidad de policía judicial de la guardia civil, que asignó un agente, con la coordinación de esa Fiscalía, que ha realizado las operaciones que se han considerado necesarias para profundizar en el tema, sobre la base de una empresa existente en Zaragoza, de las mayores del país, que producen diversas marcas, a la que se le ha requerido para proporcionar información, y que entiende la Fiscalía que lo ha hecho con corrección. Esta empresa, a su vez, ha relacionado con un SIG, con el que estaba concertada en exclusividad, y que ha aportado la información requerida.

Las conclusiones que se extraen de todo ello son las siguientes:

• El importe de esas tasas de reciclaje era importante. En la empresa de referencia, durante los años 2012 a 2016 alcanzaron la cantidad de 33.020.006,2 de euros, y ello contando con que los dos últimos años la recaudación cae drásticamente por la entrada en vigor del Real decreto 110/2015.
• Este dinero iba a una cuenta específica en la que se cargaban las facturas procedentes de Ecolec, por lo que interesaba justificar la mayor cantidad posible de aparatos reciclados para dar salida a esas cantidades.
• Este sistema ha cambiado con el citado Real Decreto 110/2015, que establece una operativa diferente, en la que los fabricantes no incluyen en sus facturas una tasa de reciclaje, por lo que del coste del mismo responden con sus ingresos en general, lo que hace innecesario el proceso descrito anteriormente.
• Ello produce el efecto de que la investigación emprendida haya perdido la mayor parte de su sentido inicial, restando únicamente la posibilidad de estudiar el dinero que reciben los SIGS quién los controla, y el uso y destino que dan a ese dinero. Se pone de manifiesto que tales datos serán remitidos a la Fiscalía Anticorrupción por no ser una materia medioambiental propiamente dicha.

Lee el texto completo correspondiente a la sección de Reciclaje Ilegal de Residuos Electrónicos en la Memoria 2017 de la Unidad de Medio Ambiente y Urbanismo, páginas 74 y 75.