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Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, de modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio.

Este Real Decreto lleva a cabo la modificación de 19 Reglamentos para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y a la Ley de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

Destacamos a continuación algunos Reglamentos que resultan afectados:

  • Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986.

  • Reglamento General para Desarrollo y Ejecución de la Ley 22/1988 de Costas, aprobado por el Real Decreto 1471/1989.

  • Reglamento de residuos tóxicos y peligrosos aprobado por el Real Decreto 833/1988.

  • Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997 de Envases y Residuos de Envases, aprobado por el Real Decreto 782/1998.

  • Real Decreto 1378/1999 por el que se establecen las medidas para la eliminación y gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan.

  • Real Decreto 1481/2001 por el que se regula la eliminación de residuos mediante su depósito en vertedero.

  • Real Decreto 1383/2002 sobre gestión de vehículos al final de su vida útil.

  • Real Decreto 653/2003 de incineración de residuos.

  • Real Decreto 208/2005 de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

  • Real Decreto 1619/2005 sobre la gestión de neumáticos fuera de uso.

  • Real Decreto 679/2006 por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados.

  • Real Decreto 106/2008 sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos.

  • Real Decreto 117/2003 de limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas actividades.

  • Reglamento para el desarrollo de la Ley 16/2002 de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por elReal Decreto 509/2007.
 
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