Se cumplen siete años del terremoto de 9 grados Richter que desencadenó el desastre de Fukushima-Daiichi, cuyo accidente nuclear provocó un escape radiactivo que sigue sin estar bajo control. Todavía queda el difícil trabajo de desmantelar los reactores y gestionar los abundantes residuos radiactivos producidos, en particular, las 800.000 toneladas de agua radiactivas que se acumulan en el entorno de la central. Si algo demostró el accidente de Fukushima es que seguir apostando por la energía nuclear es es demasiado peligroso.

Las autoridades japonesas están descontaminando el suelo del entorno de la central nuclear de Fukushima de forma parcial, dejando niveles de radiactividad demasiado altos: más de 20 veces los niveles permitidos para el público en localidades como Litate, que ya sufrieron los efectos de la nube radiactiva. Quizá por este motivo, todavía hay más de 10.000 personas que se niegan a volver a sus casas y siguen exiliados, rechazando incluso las gratificaciones de más de 6.000 euros que se ofrecen por el retorno.

El coste de al accidente supera los 80.000 millones de euros, duplicando el cálculo inicial del Gobierno japonés. Se calcula que habrá que gestionar más de 900.000 toneladas métricas de agua radiactiva que se bombea del subsuelo para reducir la contaminación. Los reactores 1, 2, 3 están fundidos, acceder a su interior sería mortal en pocos segundos debido a las elevadas dosis radiactivas habiéndose alcanzado el récord de dosis medida en el reactor número 2 que alcanzó los 650 Sv/h el día 10 de febrero. De hecho, los tres robots introducidos en el reactor para tomar imágenes han sido destruidos por la radiación al cabo de horas.

Todavía queda pendiente la enorme tarea de desmantelar los reactores accidentados y de gestionar los residuos de alta actividad que se producirán. Los daños sufridos por los núcleos de los reactores convierten esta tarea en una operación de alto riesgo al límite de las posibilidades de las tecnologías actuales. Pero los reactores son en sí mismo un riesgo, dada la inestabilidad sísmica de la zona y el precario estado de los edificios, por lo que se hace imprescindible alcanzar en los planes de desmantelamiento.

 

Fuente: modificado de Ecologistas en Acción