Las más importantes referencias en legislación medioambiental española y europea actualizadas, como son las leyes en materia de impacto ambiental y de evaluación ambiental, reales decretos sobre residuos y contaminación de agua y atmósfera, sin olvidarnos de cualquier otra norma comunitaria europea o de ámbito autonómico y local que sea innovadora y de interés general para el sector ambiental.
Nuevas Leyes, Reales Decretos, Directivas, etc. de Medio Ambiente:
La Memoria de la Unidad de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía General del Estado, correspondiente a 2018, detalla las actividades e iniciativas desarrolladas por esta Unidad a lo largo del citado año. En este artículo se pormenorizan las actuaciones en materia de caza, pesca ilegal y especies protegidas.
Mediante la Sentencia de 3200/2019 de 10 de octubre de 2019, el Tribunal Supremo se pronuncia sobre el Real Decreto 638/2016, y en particular sobre la pormenorizada regulación que introduce de los usos del suelo en las zonas inundables. El nuevo artículo 14 bis que introduce este Real Decreto en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico establece limitaciones a los usos del suelo en las zonas inundables con el objeto de garantizar la seguridad de las personas y bienes. La Sentencia resuelve el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Generalitat Valenciana contra el citado Real Decreto, siendo parte recurrida la Administración General del Estado.
La Memoria de la Unidad de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía General del Estado, correspondiente a 2018, detalla las actividades e iniciativas desarrolladas por esta Unidad a lo largo del citado año. En este artículo se pormenorizan las actuaciones en materia de incendios forestales.
La Memoria de la Unidad de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía General del Estado, correspondiente a 2018, detalla las actividades e iniciativas desarrolladas por esta Unidad a lo largo del citado año. En este artículo se pormenorizan las actuaciones en el ámbito del Urbanismo y Ordenación del Territorio, su perspectiva judicial, medidas cautelares, delitos de prevaricación y demoliciones.
Un año más os volvemos a traer la Memoria de la Unidad de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía General del Estado, correspondiente a 2018, que detalla las actividades e iniciativas desarrolladas por esta Unidad a lo largo de ese año, siguiendo la misma línea fijada en las memorias precedentes. A destacar especialmente algunos apartados nuevos en el ámbito de la casuística: fondeaderos ilegales, pesticidas, la presencia del cangrejo azul en la Albufera de Valencia, responsabilidad penal de las personas jurídicas y un mayor énfasis en el tráfico de especies protegidas (CITES).
El marco normativo de la Comunidad Valenciana en materia de espacios naturales viene establecido por la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de espacios naturales protegidos. Es esta Ley se configuran diferentes categorías de protección. A continuación, se aprobó el Decreto 218/1994, de 17 de octubre, del Gobierno Valenciano, por el que se crea la figura de protección de especies silvestres denominada microrreserva vegetal, se definieron las microrreservas vegetales. Posteriormente su denominación pasó a ser «microrreserva de flora» mediante el Decreto 70/2009, de 22 de mayo, del Consell, por el que se crea y regula el Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas y se regulan medidas adicionales de conservación.
Septiembre ha sido un mes marcado a nivel ambiental por la Cumbre de las Naciones Unidas sobre la Acción Climática celebrada el pasado día 23 en Nueva York. Ha sido un evento en el que ha destacado el compromiso adquirido con la naturaleza que han mostrado, primero los más jóvenes, aparentemente concienciados ya de la necesidad de racionalizar el uso de los recursos; y después los Estados, pues en torno a 70 países se han comprometido a recortar sus emisiones y desarrollar medidas contra la crisis climática.
Mediante esta sentencia aclaratoria del Tribunal de Justicia Europeo se aplica la doctrina consolidada sobre el concepto de residuo, en un caso de condena por traslado de residuos de una partida de artículos electrónicos desde Países Bajos hasta Tanzania, incumpliendo el Reglamento 1013/2006. Esta partida estaba compuesta por pequeños electrodomésticos que fueron retirados por el vendedor.
La Constitución española de 1978 prevé que sean labores propias de la Fiscalía defender la legalidad, los derechos de los ciudadanos y el interés público. Por otro lado, la propia Norma Fundamental contempla como derecho el disfrute del medio ambiente e impone a todos como deber su conservación. Así pues, el Ministerio Fiscal protege el medio ambiente sobre todo persiguiendo penalmente a los autores de delitos contra este bien jurídico, pero también tomando parte en aquellos procesos en los que se enjuicia la actividad de la Administración Pública con trascendencia medioambiental. Desde el año 2006, esta tarea está encomendada al Fiscal de Sala Coordinador de Medio Ambiente y a las Secciones de Medio Ambiente de las Fiscalías territoriales.
En este trabajo, la autora analiza la influencia que sobre las instalaciones de generación de energía renovable ha tenido la reciente modificación de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana (LOTUP). Los resultados ponen en evidencia que, pese a que la voluntad de la ley es favorecer a este tipo de energías, la realidad es que la modificación realizada resulta de difícil interpretación dando lugar a una incertidumbre jurídica. Por último, también se pone de manifiesto el hecho de que todavía existen muchas autorizaciones o licencias requeridas a nivel urbanístico que frenan el desarrollo de las energías renovables.
De reciente publicación se presenta la Directiva (UE) 2019/904 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la reducción del impacto de determinados productos de plástico en el medio ambiente. Una norma más que anunciada, que pretende reducir el impacto que genera la presencia de cantidades ingentes de plásticos en nuestra salud y medio ambiente, especialmente en el medio acuático. Esta normativa es pionera una vez más a nivel mundial, en un momento en que la cuestión se encuentra en pleno foco mediático y en el que crece la concienciación sobre la necesidad de atajar de manera inmediata.
Mediante Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha de 12 de abril de 2019 se resuelve la impugnación, por parte de una asociación manchega de agricultores, de la Orden 63/2017 que aprueba el Plan de gestión de las Zonas de Especial Protección para las aves de ambientes esteparios. La recurrente considera que se han cometido errores formales constitutivos de una causa de anulabilidad de la Orden, en relación a su publicación y la figura normativa elegida para la aprobación del citado Plan. En sentido contrario, la Administración mantiene que la técnica de publicación de la norma y la figura normativa elegidas son conformes a derecho.
El Tribunal de Justicia Europeo emite sentencia sobre el asunto C-689/17, una cuestión prejudicial de interpretación sobre el Reglamento 1013/2006, relativo a los traslados de residuos (art. 1.3, letra b): los residuos procedentes de una avería ocurrida a bordo de un buque quedan excluidos de su ámbito de aplicación hasta que sean descargados para su valorización o eliminación.
Mediante la Decisión de Ejecución (UE) 2019/665 de la Comisión, se establecen los formatos relativos al sistema de bases de datos, de conformidad con la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases.
Se ha publicado la Directiva 2019/883, relativa a las instalaciones portuarias receptoras a efectos de la entrega de desechos generados por buques. La presente Directiva tiene por objeto proteger el medio marino de las repercusiones negativas de las descargas de desechos por los buques que utilizan los puertos de la Unión, al tiempo que se garantiza el buen funcionamiento del tráfico marítimo, mejorando la disponibilidad y la utilización de instalaciones portuarias receptoras adecuadas y la entrega de desechos a dichas instalaciones. Esta Directiva modifica la Directiva 2010/65/UE, sobre formalidades informativas exigibles a los buques a su llegada o salida de los puertos, y deroga la Directiva 2000/59/CE, sobre instalaciones portuarias receptoras de desechos.
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