Nueva Legislacion y Normativa Ambiental en España

Se ha aprobado la Ley 5/2018, de 6 de marzo, de la GV, de la Huerta de Valencia con el objeto de preservar, recuperar y dinamizar la Huerta como espacio con reconocidos valores agrarios, ambientales, paisajísticos, arquitectónicos, históricos, culturales y antropológicos. Esta norma establece un marco regulador de los usos del suelo y medidas de gestión y financiación de la actividad agraria que fomentan el mantenimiento de la actividad productiva, la mejora de las condiciones de vida de las personas que se dedican a la agricultura y la preservación de la Huerta de València, frente a las presiones de naturaleza urbanística que amenacen su sostenibilidad.

La forma en la que se aplican y se hacen cumplir las normas sobre la clasificación de residuos tiene consecuencias importantes sobre las elecciones futuras de gestión de los residuos, como la practicabilidad y viabilidad económica de la recogida, el método de reciclado o la elección entre reciclado y eliminación. Esas discrepancias pueden tener un impacto en la aceptación de las materias primas secundarias. El presente documento de orientación sobre la clasificación de los residuos es una primera herramienta para ayudar a los operadores de residuos y a las autoridades competentes a adoptar un enfoque común sobre la caracterización y la clasificación de los residuos y minimizar así esas discrepancias e impactos.

Etapas básicas del proceso de clasificación

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria 525/2017 examina la posibilidad de que en un expediente de revisión de Autorización Ambiental Integrada (AAI) de una mercantil de Torrelavega dedicada a la producción de cloro-alcalí, una empresa potencialmente competidora con la titular de la autorización, pueda personarse en el procedimiento administrativo de revisión de la AAI en concepto de interesada. El Gobierno de Cantabria negaba tal posibilidad, por lo que dicha empresa competidora recurrió, alegando que al dedicarse a la fabricación del mismo producto, está obligada a adaptarse a las nuevas Mejores Técnicas Disponibles, que le suponen cuantiosas inversiones.

Se ha publicado la Ley 2/2018, de 15 de marzo, que modifica la Ley de Caza de Castilla-La Mancha, una norma que ha supuesto intensas negociaciones entre Gobierno, cazadores y otros colectivos. "La regulación de la caza debe tener como principios básicos su fomento y desarrollo de forma compatible con la conservación del medio natural con el resto de usos que se desarrollen en el mismo", según reza su preámbulo. Diferentes asociaciones muestran su satisfacción porque esta vez sí se ha producido un verdadero proceso participativo, a diferencia de lo ocurrido durante el proceso de aprobación de la ya modificada Ley 3/2015 de Caza de Castilla-La Mancha.

imagen de clm24.es

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares 1019/2017 resuelve el recurso contencioso administrativo interpuesto contra el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Calvia de fecha 20 de octubre de 2015 por el que se aprueba definitivamente la modificación de la Ordenanza Municipal para la recogida de residuos municipales y limpieza de espacios públicos, a los efectos de imponer a los productores de residuos comerciales no peligrosos su incorporación obligatoria al servicio municipal de gestión.

La Orden 10/2018, de 27 de febrero, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de la Comunidad Valenciana, viene a optimizar la fertilización nitrogenada en las explotaciones agrarias situadas en dicha región, y regular la utilización de determinadas materias fertilizantes nitrogenadas no contempladas en el Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes, como son los estiércoles no transformados, los lodos de depuración tratados y los efluentes de extracción del aceite de oliva virgen en el proceso de dos fases.

El Real Decreto 656/2017, de 23 de julio, aprobaba el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10. La norma establece las condiciones de seguridad de las instalaciones de almacenamiento, carga, descarga y trasiego de productos químicos peligrosos. Advertidos errores en el citado Real Decreto, se procede a efectuar las oportunas rectificaciones.

La Orden PRA/321/2017, publicada el 7 de abril de 2017, regula los procedimientos de determinación de las emisiones de los contaminantes atmosféricos SO2, NOx, partículas y CO procedentes de las grandes instalaciones de combustión, el control de los instrumentos de medida y el tratamiento y remisión de la información relativa a dichas emisiones. Ahora la Orden PRA/222/2018, de 28 de febrero, procede a efectuar las oportunas rectificaciones.

El Proyecto de Real Decreto establecía, desde 1 de marzo de 2018, el cobro obligatorio en el establecimiento de un precio por bolsa de plástico ligera y con espesor inferior a 50 micras, entregada al consumidor. Por lo que desde esa fecha todas las bolsas de plástico, compostables y no compostables, tendrían un precio que sería fijado por el comerciante, pudiendo este tomar como referencia ciertos precios orientativos dependiendo del espesor de cada bolsa y que oscilan entre los 5 y los 15 céntimos de euro por unidad. Esta obligatoriedad ha sido aplazada debido a que aún no se ha aprobado el Real Decreto que la regulará.

Imagen de Natura Medio Ambiental

Se ha publicado la Orden APM/189/2018, de 20 de febrero, que determina cuando los residuos de producción procedentes de la industria agroalimentaria destinados a alimentación animal son considerados subproductos. Esta Orden va con arreglo a la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados, que define las condiciones para que una sustancia u objeto, resultante de un proceso de producción, y cuya finalidad no sea la producción de esa sustancia u objeto, pueda ser considerada como un subproducto y no como un residuo.

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha anulado la orden de la Junta de Castilla y León que permitía quemar rastrojos sólo con una solicitud al alcalde de la localidad afectada, sin acreditar la existencia de plagas pero alegándola, Se trata de una actividad prohibida por la Política Agraria Comunitaria, que establece que en la condicionalidad de sus ayudas, la quema es una medida excepcional. Según el TSJCyL, la orden hace ineficaz el fin de la UE de eliminar prácticas incompatibles con el medio ambiente.

Mediante diversos Reales Decretos aprobados el 2 de febrero, se aprueban las servidumbres aeronáuticas acústicas, el mapa de ruido y el plan de acción de los Aeropuertos de Sevilla, Valencia, Bilbao e Ibiza.

El Gobierno de la Región de Murcia ha aprobado el Decreto nº 11/2018, de 14 de febrero, que regula la actividad del turismo activo en la citada comunidad. El texto tiene como objetivo incrementar el nivel y las garantías de seguridad en la práctica de esta modalidad turística en crecimiento, que ha de ser compatible con la conservación del medio natural y el patrimonio cultural, promoviendo entre sus clientes actitudes favorables a su preservación.

Se ha aprobado el Decreto n.º 6/2018, de 31 de enero, del Consejo de Gobierno murciano que determinará la subvención por concesión directa para la recogida de residuos sólidos marinos por parte de los pescadores enrolados en barcos de la modalidad de arrastre con puerto base en la Región de Murcia pertenecientes a las cofradías integradas en la Federación Murciana de Cofradías de Pescadores. La peculiar naturaleza de las actuaciones a desarrollar obliga a que sean los propios tripulantes de las embarcaciones de arrastre los que las lleven a efecto, teniendo en cuenta la experiencia satisfactoria acumulada por los mismos en dicho campo de acción desde el año 1996.

El Gobierno ha sometido a consulta pública el proyecto de orden ministerial por la que se establecen los criterios para determinar cuándo los residuos de material polimérico que puedan utilizarse directamente para la producción de film agrícola para ensilaje, se consideran subproductos con arreglo a la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados.