Entrevista a José Luis López Fernández, director de la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) sobre la problemática de la pobreza energética y las consecuencias que ya están sufriendo los hogares a causa de la pandemia.

La pobreza energética es un problema que, aunque se asocia principalmente a los altos precios de la energía, siempre ha estado vinculada al estado de conservación de nuestros edificios. Una realidad presente desde hace años en los hogares españoles que la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) se encargó, con sus informes y estudios, de poner en el centro del foco mediático. Ahora, el Gobierno, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha publicado la actualización de indicadores sobre pobreza energética en España. No obstante, está basada en datos de 2019, por lo que la influencia de la pandemia del covid-19 no aparece reflejada.

Este análisis muestra una mejora en todos los indicadores utilizados para medir este fenómeno con respecto a 2018, que se sitúan en valores similares o inferiores a los de 2016, tras el repunte observado en 2017.

-Desde la ACA, como pioneros en la elaboración de estudios en pobreza energética, ¿qué lectura hacéis de los resultados de este informe presentado por el MITECO?

En primer lugar, celebramos que el Gobierno, a través del MITECO, asumiera el papel que está llevando a cabo desde la aprobación de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética (EPOV), pues era algo que llevábamos reclamando desde el primero de nuestros estudios. Dicho esto, analizando la última actualización, los datos reflejan una tendencia positiva en todos los indicadores, más notable en los que se basan en las percepciones y declaraciones de los hogares, como son aquellos que declaran haber sufrido retrasos en el pago de facturas y los que se declaran incapaces de mantener su vivienda a una temperatura adecuada en invierno.

Los otros dos indicadores principales adoptados por el Gobierno, propuestos por el Observatorio Europeo de la Pobreza Energética (EPOV) y por ACA, que están basados en el enfoque de gastos e ingresos, también mejoran, aunque el descenso no es tan significativo.

Podríamos deducir que esta actualización muestra signos que responden al periodo de recuperación y a la tendencia positiva de la economía (y de la microeconomía de las familias), que se venía observando en los últimos años tras la crisis de 2008. No obstante, los datos por sí mismos no permiten saber las causas exactas. Aunque la Estrategia es de reciente aprobación y todavía existe margen para requerir al Gobierno qué actuaciones han sido o no impulsadas, lo cierto es que sin esta información sólo podemos inferir las causas de que esta mejoría, lo más probable, se deba a la mejora de la economía y no a otras medidas como la mejora de la eficiencia energética o el impacto de los precios de la energía.

-Dada vuestra experiencia, con cuatro informes publicados entre 2012 y 2018, ¿cómo creéis que ha sido la evolución de la pobreza energética con la pandemia?

Lo que está claro es que esta actualización no refleja el estado actual puesto que se han ofrecido datos de 2019. Cuando podamos disponer de la foto de 2020 y, mucho me temo, de 2021, podremos ver el verdadero impacto de la pandemia en los indicadores, que puede estar siendo terrorífico en términos de pobreza energética.

La pandemia no sólo ha generado desempleo y reducción de los ingresos. Además, ha provocado que el número de personas que pasan el día en sus domicilios creciera de manera inusual, bien a causa del desempleo, bien a través del crecimiento del teletrabajo, algo muy positivo si lo medimos en términos de movilidad sostenible o para la conciliación de la vida familiar, pero negativo en términos de consumo energético. Las familias se han visto obligadas a incrementar su consumo de energía en un momento en el que las fuentes de ingresos y la estabilidad de los mismos se ha visto mermada.

Si nos remitimos a un esquema inicial que propusimos desde ACA hace 10 años, que puede seguir considerándose válido, de las tres causas que pueden determinar que un hogar caiga en una situación de pobreza energética (los ingresos, la eficiencia energética/consumo de energía y los precios de la energía), sólo este último no ha jugado en contra de las familias (el precio de la luz se ha mantenido estable o más bajo que en el periodo prepandemia).

-¿Qué medidas planteadas por el Gobierno para erradicar la pobreza energética han tenido un mayor alcance? ¿Cuáles consideráis que deberían aprobarse de manera inmediata para solucionar esta lacra?

Desde que comenzamos a trabajar en la observación y en la búsqueda de soluciones a la pobreza energética defendimos que era necesario combinar medidas de impacto y aplicación inmediatas con medidas de medio-largo plazo que abordaran las causas estructurales. Seguimos pensando igual. La mejora de ayudas como el bono social sléctrico, la existencia de moratorias o treguas, y el apoyo al pago de facturas son medidas necesarias, al menos temporalmente, pero no son la solución.

Hay dos cuestiones estructurales que necesitan ser abordadas, aunque sea en un plazo de tiempo más largo. Una de ellas es el modelo energético y la revisión de todos los factores y procedimientos que determinan el precio de la energía. Y la otra la mejora de la eficiencia energética. Debemos ser conscientes de que el futuro de nuestro modelo energético debe ser neutro en emisiones y la transición energética debe contemplar este objetivo ambiental, pero, a la vez, tiene que velar por la asequibilidad de la energía. Así lo establece, de hecho, el Objetivo de Desarrollo Sostenible. Por ello, esta transición energética y reforma del modelo, sabemos que no es inmediata, pero que debe contemplarse junto a las medidas de corto plazo, que son más de carácter paliativo.

-Desde el punto de vista constructivo, ¿qué medidas pasivas y activas serían necesarias implantar en el diseño y edificación de las viviendas?

Como he mencionado anteriormente, la segunda medida que permite afrontar las causas estructurales de la pobreza energética es la mejora de la eficiencia energética. Además de abordar un modelo de generación que permita acceder a energía limpia y asequible, debemos mirar a los espacios en los que las familias vivimos y priorizar aquellos en los que viven las familias en situación de vulnerabilidad. Sabemos que una gran parte del parque de edificios existente tiene una baja o muy baja eficiencia energética.

La inexistencia de normativa de referencia en toda vivienda construida antes de 1980 y la escasa ambición de los primeros marcos regulatorios, han sido una de las causas principales. Afortunadamente, la definición del concepto de 'Nearly Zero Energy Building' y de un Código Técnico exigente, evitarán este hecho en la nueva construcción. Pero nos queda un gran trabajo con el parque de edificios existente.

La existencia del Fondo de Recuperación Verde y la esperada 'Renovation Wave' de los edificios pueden ser palancas que aborden de raíz todo lo mencionado. En este sentido, en el ámbito de la edificación, estamos ante un momento de oportunidad, que no se puede desaprovechar.

-¿Por qué la evolución del precio de la energía no es un indicador muy tenido en cuenta por este estudio del MITECO?

Desde que se aprobó la Estrategia ya indicamos que la definición había obviado esta componente, los precios de la energía, que es también determinante y que condiciona la vulnerabilidad de las familias. No hablar de precios supone no abordar una componente también esencial. Esto se ve con un ejemplo muy sencillo. Si nuestros recibos energéticos, de media, nos costaran 5 euros al mes, probablemente la parte de la población con dificultades económicas para asumir el pago de estos recibos sería mínima y podría erradicarse el problema, quizás, sólo con mecanismos sociales. Pero la realidad es otra. El precio es un factor fundamental, que depende de políticas diferentes a las de vivienda y a los mecanismos de acción social existentes, pero que debe ser también contemplado.

Además, el propio ODS 7 indica como objetivo que el origen limpio (renovable) y asequible son condiciones indispensables. Sin embargo, según datos de la oficina de estadísticas europea Eurostat, España se encuentra entre los países cuyos precios de energía, luz y gas natural, más se han incrementado en los últimos años y entre los países con precios más elevados (en 2019 el 4º en electricidad y el 1º en gas natural) por unidad de energía y con la ponderación correspondiente para considerar el nivel de renta de cada país.

 

Fuente: Idealista