La Memoria 2016 de la Unidad de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía General del Estado recoge las actividades e iniciativas desarrolladas por esta Fiscalía a lo largo de 2016. En este artículo se analiza su participación en propuestas legislativas e intervención en la tramitación de procedimientos de naturaleza jurídico ambiental en lo que respecta a la actitud social.

Siguen planteándose situaciones especiales en relación a denuncias y denunciantes en temas de medio ambiente. La Rioja y Tenerife destacan el aumento de denuncias por parte de particulares, amén de las vías de denuncias oficiales consabidas. Sin embargo esta última Fiscalía alude a un supuesto preocupante iniciado a consecuencia de denuncias de asociaciones particulares, habida cuenta su desenlace. Se trata de un procedimiento seguido en la Sección II de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, el llamado “Caso Áridos del Sur”. Se trata de una causa de extraordinaria complejidad técnica ante la existencia de numerosas pruebas periciales y abundante documentación administrativa, y de enorme volumen, pues, en su totalidad, el procedimiento tiene más de 50 tomos y 15.204 folios (existen algunos tomos que no están identificados numéricamente y tampoco aparecen foliados). Se consiguió una conformidad con 3 de los acusados en el acto del juicio, sin embargo respecto del cuarto acusado se celebró juicio que finalizó tras 7 sesiones, con sentencia que fue igualmente condenatoria, y en segunda instancia el Tribunal Supremo no admitió a trámite el recurso de casación. En el mes de enero de 2017 entró en prisión el cuarto acusado para el cumplimiento de la pena de 3 años de prisión, a la espera que se resuelvan por el Ministerio de Justicia los 3 indultos solicitados en su favor, siendo llamativo que dos de los indultos han sido solicitados por Asociaciones Nacionales y Canaria de Empresarios Fabricantes de Áridos, que son las mismas que denunciaron hace años la extracciones ilegales de áridos, que dieron lugar, a su vez, a una extensa investigación en la Fiscalía, y a interponer hasta 34 denuncias por posibles delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente.

La memoria de Huelva alude a la reiteración de casos donde las denuncias recibidas también se habían presentado ante otras instituciones, generando una situación de duplicidad de actuaciones muy perturbadora. La memoria de Palencia refleja igualmente el uso de esa misma estrategia, solo que en este caso las denuncias se presentaron en Palencia y en la Unidad de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado, con la problemática que ese tipo de duplicidades puede provocar.

En ocasiones, de nuevo según Huelva, los denunciantes pretenden investigaciones generales y preventivas respecto a determinadas actividades o incluso solicitan “auditorías urbanísticas” de una determinada localidad. Como ejemplo de lo dicho, está la denuncia del “Círculo Sectorial del Patrimonio Cultural de Huelva” desde donde se solicita una auditoría que comprenda estudio y valoración de la actuación municipal en defensa del patrimonio protegido entre los años 2002 a 2016.

Según las memorias de Huelva y de Córdoba su buena relación con los medios de prensa locales son clave para dar a conocer la labor de la Fiscalía.

Sevilla, por su parte, alaba la importante tendencia a colaborar de las ONGs y asociaciones de carácter ambiental. Lo mismo que Guipuzcoa, cuando pone de manifiesto en su memoria que, en este momento, las ONGs son la más importante fuente de investigaciones de carácter ambiental, además de las noticias que aparecen en prensa. Idéntico planteamiento expresa la Fiscal Delegada de Ávila.

Según la memoria de Córdoba, existe un fuerte asociacionismo entre los propietarios de viviendas en situación de ilegalidad que demandan con medidas de presión al Ayuntamiento, consistentes en frecuentes cortes de calles, manifestaciones, asistencia a Plenos del Ayuntamiento, etc., el enganche a los servicios básicos de muchas de las parcelaciones. Asociacionismo, que, por lo demás, es evidentemente irregular, habida cuenta su finalidad. La prensa local se hace eco de estas demandas que, por otra parte, son también objeto de contestación social por parte de otros ciudadanos que se oponen a que el Ayuntamiento proporcione ningún tipo de reconocimiento a tales edificaciones. Es de reseñar que algunas de ellas se encuentran situadas en terrenos inundables de la ribera del río Guadalquivir o bien en terreno de especial protección de las riberas de la Sierra, en muchos casos además enclavadas en terrenos con riesgo de incendio. Se da la circunstancia, hasta cierto punto anecdótica, pero también significativa, de que en una de las Diligencias de Investigación tramitadas en la Fiscalía cordobesa, la denunciante era precisamente una Asociación de parcelistas ilegales que, a su vez, denunciaba otra parcelación ilegal incipiente que se ubicaba junto a la suya. Es decir, que el conjunto de los ciudadanos tiene presente la vigencia de la norma y que la invocan en caso de colisión de intereses, si bien con finalidades, en ocasiones, muy poco éticas.

 

Texto correspondiente a Actitud Social en la Memoria 2016 de la Unidad de Medio Ambiente y Urbanismo, páginas 63, 64 y 65.