En los últimos años se ha puesto de relieve la cantidad de infracciones que afectan al medio ambiente generando un incremento de los riesgos de sufrir daños de difícil reparación.

La normativa administrativa regula detalladamente los cauces que deben seguirse para evitar el deterioro de nuestro entorno. Sin embargo, a veces, los medios de interpretación normativa son contradictorios o, no se respetan. El caso Ballenoil es un ejemplo de los problemas que genera a nivel jurídico conceptos abstractos establecidos en las leyes, así como la falta de interés o rigor en la aplicación de determinadas prerrogativas legales que afectan concretamente al Dominio Público Hidráulico.

 

Sumario:

1. Introducción

2. Antecedentes

3. Cuestiones claves

3.1. La interpretación del PGOU en relación a la calificación de la zona como equipamiento público

3.2. La construcción de gasolineras en DPH

3.3. El requerimiento de la “autorización previa” como fundamento de la prevaricación administrativa

4. Conclusiones

5. Bibliografía

 

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