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La Memoria de la Unidad de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía General del Estado, correspondiente a 2018, detalla las actividades e iniciativas desarrolladas por esta Unidad a lo largo del citado año. En este artículo se pormenorizan las actuaciones en materia de caza, pesca ilegal y especies protegidas.2018 Memoria Fiscalia Medio Ambiente

La memoria de Cádiz menciona las Diligencias Previas, que se siguen en el Juzgado de Instrucción no 3 de Algeciras, por captura de la especie anguilla anguilla. Se incautaron casi una tonelada de angulas en una nave de Algeciras, en actuación conjunta de UCOMA y Policía Portuguesa, siendo investigadas doce personas de nacionalidad marroquí y china, además tres españoles. Se inició la operación por la interceptación de un marroquí en el Puerto de Algeciras portando una maleta con 129 kg de angulas con destino a Tánger. A partir de ahí, fueron autorizadas escuchas telefónicas al tener fundadas sospechas de que los investigados pertenecían a una organización criminal.

El Fiscal de Palencia, destaca la sentencia de conformidad dictada por el Juzgado no 1 de Cervera de Pisuerga. Los hechos se producían en un talud terrizo situado en un camino de la localidad de Santibáñez de Ecla, donde había unos 35 agujeros correspondientes a nidos de abejaruco. El acusado taponó gran parte de dichos nidos colocando piedras que impedían el paso de las aves referidas. El abejaruco europeo es un ave identificada como de "interés especial" , dentro del listado de especies silvestres en régimen de protección especial (LESPES), e incluida en el catálogo español de especies amenazadas. Se condenó a 8 meses de multa, con una cuota diaria de cuatro euros con la responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de caza y pesca por tiempo de 2 años.

La Fiscal de Jaén detalla la incoación de un total de 15 diligencias de investigación penal por delitos contra la fauna: doce de ellas se han incoado por remisión de expedientes sancionadores por la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, tramitados por la aparición en varios cotos de caza de medios prohibidos por su carácter destructivo y no selectivo. Destacan las diligencias de investigación penal incoadas por el hallazgo de los cadáveres de tres linces ibéricos flotando en el agua de una balsa para riego, construida careciendo de las licencias y permisos preceptivos en suelo no urbanizable. Los cadáveres de los animales, una hembra y dos cachorros, nacidos en libertad, presentaban síntomas de muerte por ahogamiento. Se ha interpuesto denuncia por delito contra la ordenación del territorio y contra la fauna.

Destaca Ciudad Real el procedimiento seguido en el Juzgado de Instrucción 2 de Alcázar de San Juan contra una persona que, en 2015, fue sorprendida en su casa en posesión de un Águila Imperial Ibérica atada a un bidón de agua. El ave procedía de un nido situado en una encina de la parcela 14, polígono 174, en el paraje Ruigarcía, del término de Alcázar de San Juan, tratándose de un ejemplar de 60 días, incapaz de volar, que en fechas anteriores había hecho suyo el acusado. En fecha 18 de diciembre de 2018 se dictó sentencia condenatoria por el Juzgado de lo Penal 2 de Ciudad Real al reconocer íntegramente los hechos el acusado.

La misma Fiscalía recoge la causa seguida contra un individuo que culminó con sentencia condenatoria por un delito previsto en el artículo 334.1 y 2 C.P., en concurso medial con un delito del artículo 336 C.P. El acusado, con el fin de dar muerte a los depredadores que amenazaban la caza y, siendo consciente del peligro que ello comportaba para todas las especies animales, colocó el día 13 de diciembre de 2014 sobre las 18 horas un lazo sin freno atado a un tronco cortado de madera en una de las gateras de la alambrada que delimita la finca, lo que ocasionó que en el mismo cayera y quedara atrapado un ejemplar de Lince Ibérico de nombre Kairos que murió por asfixia debido al estrangulamiento.

Igualmente, por el tipo penal del artículo 334.1 C.P., el Fiscal de Badajoz reseña la calificación evacuada por la captura, realizada por un individuo, de 60 galápagos leprosos, “mauremys leprosa”, especie que se encuentra catalogada como de interés especial dentro del catálogo de especies amenazadas en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Recoge Badajoz algunas de las diligencias seguidas en esa Fiscalía, relativas a delitos contra la flora y fauna: tres lo fueron por empleo para la caza de lazos, todas finalizadas con presentación de denuncia; seis por el hallazgo de jaulas trampa, que finalizaron con denuncia ante el juzgado; dos incoadas por uso de veneno, en un caso localizándose el cadáver de un perro y, en el otro, los restos de un zorro, muertos por su ingestión, una por el abatimiento mediante disparo de escopeta de un ejemplar de Milano Real; una incoada por la tenencia en un coche que paró y registró la guardia civil de numerosas “ballestas”, pequeños cepos de alambre para captura de aves que finalizaron en archivo al no haberse podido acreditar su uso sino la mera tenencia; y dos diligencias de investigación incoadas por oficio de esta Unidad por un posible delito del artículo 334 C.P. por el derribo de nidos de avión común.

La memoria de Castellón destaca la disminución significativa de las Diligencias de Investigación Penal incoadas por caza mediante método “parany”, frente al ejercicio anterior. Se ha pasado de 31 diligencias de investigación incoadas en el año 2017, para la investigación de hechos relativos a la caza bajo la modalidad de “parany”, a la incoación de 9 diligencias en el año 2018. Probablemente el descenso se deba al mayor número de sentencias de condena por estas prácticas, finalizando los procedimientos (en su mayor parte) con sentencia de conformidad.

La misma Fiscal refiere la causa que se sigue en Vinaroz, en la que se ha formulado acusación por un delito del artículo 352.2 del C.P. contra un ciudadano que se encontraba en un coto privado de caza, en el término municipal de Zorita del Maestrazgo, sin la oportuna licencia del coto y la correspondiente autorización especial de Consellería, provisto de un arma y varios efectos utilizados para la caza, que disparó contra un macho de la especie cabra hispánica de unos 4 años de edad, provocando su muerte.

La Fiscalía de Barcelona incoó de oficio, en atención a noticias de prensa recibidas, diligencias de carácter preprocesal en abril de 2018, una vez se tuvo el conocimiento de que, por parte de la Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, se iban a otorgar doce licencias para extraer coral rojo en el tramo de costa comprendido entre Arenys de Marc (Barcelona) y Begur (Girona), en aguas exteriores que se hallan bajo la jurisdicción de la Administración central. Se consideró que dicho otorgamiento podía suponer una abierta contravención de la protección otorgada a esa especie por la Generalitat de Catalunya. A tales efectos se solicitó información científica sobre el estado actual de esa especie y sobre su estatus legal a la Direcció General de Pesca i Afers Marítims y a la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya. El Coral rojo (Corallium rubrum) se halla protegido por la Directiva de Hábitats (Anexo V: especies de flora y fauna comunitaria cuya recolección y explotación puede ser objeto de medidas de protección), el Convenio de Berna (Anexo III) y el de Barcelona (Anexo III), hallándose incluida esa especie en la lista roja elaborada por la UICN dentro de la categoría de “En peligro de extinción”.

El resultado de todo ello es que en el tramo de costa entre el Cap de Begur y la línea E/W de Arenys de Mar, la pesca de coral rojo estará permitida para 12 coraleros durante dos años consecutivos, desde 10 de abril de 2018 al 9 de abril de 2020.

Esa situación, junto con el archivo de esas diligencias preprocesales, se comunicó en junio de 2018 a la Fiscalía de Sala de Medio Ambiente y Urbanismo, que dio traslado posterior de ese acuerdo al referido Ministerio, a los efectos de que se reconsidere la posibilidad de revocar esas autorizaciones de captura del coral, teniendo en cuenta la grave situación de la especie.

Córdoba indica que la mayor parte de los delitos por los que se han incoado diligencias en 2018 se han producido en el contexto de la actividad cinegética, donde el uso de costillas sigue siendo muy habitual en el ámbito rural. En este sentido el número de diligencias y su contenido sigue siendo muy similar al de años anteriores.

En este ámbito la memoria de Asturias refiere la problemática de la utilización incontrolada de cámaras de fototrampeo por parte de asociaciones en defensa de la fauna silvestre que, teniendo por objeto el control de la misma, son puestas –con conocimiento general – pero sin previa autorización administrativa o control concreto, sería deseable que se elaborara el protocolo pendiente.

 

Texto extraído de la sección sobre caza, pesca ilegal y especies protegidas en la Memoria 2018 de la Unidad de Medio Ambiente y Urbanismo, páginas 52-55.

 

 
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