La aprobación y puesta en práctica de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, ha puesto de relieve la necesidad de revisar y adaptar la normativa autonómica existente, el Decreto 4/2006, de 17 de enero, regulador de las actividades de producción y gestión de residuos, a las nuevas figuras que se crean mediante la Ley citada, lo que también implica la modificación del registro de actividades de producción y gestión de residuos.
Este decreto supone también una simplificación de los trámites administrativos para la gestión y producción de residuos, eliminando los procedimientos de control previo mediante autorización de las actividades de producción de residuos peligrosos, recogida y transporte de residuos, así como de producción de lodos de depuradora, a procedimientos de comunicación para un control posterior de los mismos.
Igualmente se establece la necesidad de comunicación de determinadas actividades de producción de residuos, tal es el caso de la generación de un gran volumen de residuos, más 1.000 toneladas año, como el de la generación de residuos agroalimentarios, material bioestabilizado y sustratos postcultivo agotados que puedan ser aplicados en la agricultura como enmienda orgánica y mejora de los suelos.
El texto normativo aborda la problemática ambiental que plantean los residuos de construcción y demolición. Con objeto de promover su prevención, reutilización, reciclado, valorización y el adecuado tratamiento, se establece la obligatoriedad de constituir una fianza vinculada a su correcta gestión, así como los procedimientos para llevar a cabo una valorización correcta de los mismos a través de gestores de residuos, en la propia obra o bien en la restauración de espacios degradados.
El Decreto se estructura en seis capítulos, reguladores respectivamente de: