La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, mediante la Orden de 27 de abril de 2018, ha publicado el Programa Andaluz de Suelos Contaminados para el periodo 2018-2023. Este programa constituye un instrumento de acción a medio plazo, que se crea con el objeto principal de establecer directrices de actuación en materia de suelos contaminados en Andalucía, siguiendo dos líneas fundamentales: prevención de la contaminación de los suelos, y recuperación de suelos afectados por contaminación histórica. Por otro lado, la citada Orden de 27 de abril de 2018 crea también la Comisión de seguimiento del Programa andaluz de suelos contaminados, cuyo cometido como órgano colegiado será su seguimiento, control y revisión, conforme lo previsto en el mismo.
El suelo es un elemento medioambiental especialmente sensible a la contaminación. Esta condición le viene dada por servir de soporte al desarrollo de la vida y las actividades humanas, así como por sus interacciones con las aguas superficiales, subterráneas y la propia atmósfera. La Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados, transpone al derecho interno la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas. La citada ley mantiene el régimen jurídico que regula los suelos contaminados matizando cuestiones como la determinación de los sujetos responsables de la contaminación de los suelos. Asimismo, regula las obligaciones de información de los titulares de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los titulares de los suelos contaminados y crea el inventario estatal de suelos contaminados.
Para el desarrollo del Programa Andaluz de Suelos Contaminados para el periodo 2018-2023 se han tenido en consideración la citada Ley 22/2011, además del Real Decreto 9/2005 sobre actividades potencialmente contaminantes del suelo, y el Decreto 18/2015, de 27 de enero, por el que se aprueba el reglamento que regula el régimen aplicable a los suelos andaluces contaminados. En concreto, el desarrollo del Programa obedece al cumplimiento del artículo 51 de esta última norma.
La problemática de suelos contaminados es un vector ambiental que, por motivos técnicos y económicos, requiere de herramientas de planificación con las que desarrollar los diferentes aspectos relacionados, de manera paulatina y ordenada. La capacidad técnica que exige este ámbito del medio ambiente requiere de diversas actuaciones formativas e informativas a los diferentes agentes implicados, tanto públicos como privados, con el objetivo de sensibilizarlos y formarlos en las acciones de prevención y de corrección necesarias para la gestión adecuada de los suelos contaminados.
Por otro lado, los costos que supone, tanto en el ámbito público como privado, la gestión de los suelos contaminados, obligan a establecer criterios de priorización tanto en las actuaciones a realizar como en los suelos en donde llevar a cabo dichas actuaciones, de manera que se puedan alcanzar los objetivos de manera ordenada y coherente con el objetivo prioritario de la protección del entorno natural y la salud de las personas.
Por lo tanto, la planificación y priorización de las actuaciones a llevar a cabo para la gestión de los suelos contaminados se convierten en aspectos primordiales y necesarios de este Programa, en concordancia con el Decreto 18/2015, de 27 de enero. El contenido que se ha propuesto es coherente con las políticas y programas establecidos en otros ámbitos de actuación, como puede ser la gestión de residuos o la planificación urbanística. Igualmente, está totalmente alineado con la estrategia temática europea para la protección del suelo.
Así mismo, el presente Programa contribuirá al desarrollo de la política ambiental andaluza marcada en el Plan Andaluz de Medio Ambiente, la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible 2020 y la Estrategia para la Generación de Empleo Medio Ambiental en Andalucía 2020.
El Programa Andaluz de Suelos Contaminados para el periodo 2018-2023 se encuentra el en Anexo de la Orden de 27 de abril de 2018 de la Consejería andaluza de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.