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Mediante el Real Decreto 6/2018, de 12 de enero, el Gobierno crea la Comisión Interministerial para la incorporación de criterios ecológicos en la contratación pública, cuya finalidad es conseguir que la contratación pública ecológica sea una herramienta eficaz para el logro de las políticas medioambientales relacionadas con el cambio climático, la utilización de los recursos y la producción y el consumo sostenibles. La Comisión garantizará la coordinación entre los entes públicos, tendrá representación de cada uno de los departamentos ministeriales y estará adscrita al MAPAMA.

A través de esta decisión del Gobierno se va a dar un impulso definitivo a los aspectos de la contratación pública ecológica en los que la AGE lleva trabajando varios años, incorporando en las distintas fases de la contratación elementos de eficiencia energética o de utilización adecuada de los residuos y reducción de su generación. Asimismo tendrá una especial consideración los aspectos relativos a la huella de carbono en la línea de reducir los impactos medioambientales de la actividad de la organización.

Todo ello se enmarca dentro de una estrategia internacional que tiene como objetivo fundamental crecer de forma sostenible y dentro de la cual destaca la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en el que se reconoce que es éste uno de los mayores desafíos del futuro inmediato. Al adoptarla, los Estados se comprometieron a movilizar los medios necesarios para su puesta en práctica, mediante una responsabilidad común y universal, los Estados tienen soberanía plena sobre su riqueza, recursos y actividad económica, y cada uno fijará sus propias metas nacionales, apegándose a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Dentro del ámbito de la Unión Europea, hay que tener en cuenta su vinculación directa con la Estrategia Española de Economía Circular, que actualmente se está elaborando, y que, entre otras cuestiones, incorpora la Contratación Pública Ecológica como elemento fundamental.

En definitiva, la finalidad de esta decisión del Gobierno es conseguir que la contratación pública ecológica (CPE) sea una herramienta eficaz para el logro de las políticas medioambientales relacionadas con el cambio climático, la utilización de los recursos y la producción y el consumo sostenibles, para lo que se requiere una cooperación eficaz entre los distintos departamentos de la Administración General del Estado, ya que las responsabilidades en materia de contratación se encuentran divididas entre todos ellos.

Funciones de la Comisión Interministerial

  1. La elaboración del Plan de Contratación Pública Ecológica de la Administración General del Estado, sus Organismos Públicos y los servicios comunes y las Entidades Gestoras de la Seguridad Social que deberá ser acorde con la Estrategia Nacional de Contratación Pública.
    • En el plan se determinarán los productos, obras y servicios en los que la AGE va a promover un consumo público que tenga en cuenta parámetros medioambientales, así como los criterios ecológicos a tener en cuenta en las distintas fases de contratación de los mismos.
    • Los criterios fijados se basarán en los criterios actuales de contratación pública ecológica de la Unión Europea y podrán ser incorporados a los pliegos de contratación como criterios de adjudicación o de selección del contratista, especificaciones técnicas del contrato o condiciones especiales de ejecución.
    • En el establecimiento de estos criterios se tendrán en cuenta las especialidades de la contratación en sectores relacionados con la seguridad pública.
    • El plan se elevará al Consejo de Ministros para su aprobación, previo informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, y se revisará cada siete años o cuando así lo acuerde la Comisión.
  2. El seguimiento de las medidas contenidas en el plan. A tal fin el plan deberá establecer un mecanismo de seguimiento que permita la revisión periódica de sus resultados. Con la periodicidad que se determine en el plan, la Comisión elevará informes periódicos al Consejo de Ministros sobre las actividades desarrolladas y los resultados obtenidos.
  3. El diseño de acciones de información y formación del personal encargado de la puesta en marcha del plan. Las acciones de formación se realizarán en coordinación con el Instituto Nacional de Administración Pública, así como con otros centros de formación especializada de la Administración General del Estado o privados.

 

Real Decreto 6/2018, de 12 de enero, por el que se crea la Comisión Interministerial para la incorporación de criterios ecológicos en la contratación pública

 

Fuente: modificado de MAPAMA.

 


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