Barra libre en el Ayuntamiento de Murcia

El Ayuntamiento de Murcia habría aprobado 240.000 viviendas sin el Programa de Vigilancia Ambiental, de obligado cumplimiento, tras 17 años de vigencia del PGOU. Si a determinados desarrollos urbanísticos, algunos de los cuales están bajo investigación judicial, se les llegó a otorgar un volumen de edificabilidad que estaba por encima de toda legislación, en otros muchos casos parece que se les liberó de cualquier escollo de carácter medioambiental con el que hubieran podido toparse. Parece ser que los promotores urbanísticos tenían una especie de barra libre para sus ambiciosos proyectos.

Han transcurrido ya 17 años desde que fue aprobado el Plan General de Ordenación Urbana de Murcia y a día de hoy el municipio sigue sin disponer del denominado Programa de Vigilancia Ambiental, cuya puesta en marcha era legalmente ineludible. El cometido del mismo era garantizar el estricto cumplimiento de las indicaciones y medidas protectoras y correctoras contenidas en el Estudio de Impacto Ambiental del PGOU, así como impulsar la adopción de un conjunto de actuaciones beneficiosas para el medio ambiente y para los vecinos del municipio. Pero los máximos responsables del Urbanismo local no estaban en eso, a lo que parece.

La importancia de la puesta en marcha de ese programa resulta evidente si se tiene en cuenta que debía contener un Plan de Rehabilitación Sonora del casco urbano -de obligada redacción antes de febrero de 2002-; un plan específico sobre contaminación atmosférica -también con fecha tope en febrero de 2002-, y planes especiales de prevención de inundaciones, de la erosión, de inestabilidad de laderas, de terremotos, de incendios, y de colapsos. Unas obligaciones que se extendían a la necesidad de contar con un plan que garantizara el adecuado nivel de calidad ambiental y sociourbanístico en zonas residenciales, así como a la realización de una ecoauditoría ambiental y de una encuesta ciudadana.

Transformación urbanística hasta 2025

La inexistencia de ese Programa de Vigilancia Ambiental, como la propia Concejalía de Urbanismo reconoce, no ha impedido que en los últimos 17 años el Consistorio haya aprobado desarrollos que suman 240.150 nuevas viviendas y que implican la transformación urbanística de 105 millones de metros cuadrados de terreno. Así lo desvela un informe técnico realizado por la experta en urbanismo y a la vez concejal de Ahora Murcia, Ángeles Moreno Micol, que alerta de que en estos momentos, con las viviendas que ya están autorizadas, el municipio de Murcia podría pasar de los 441.000 habitantes actuales a casi 1,2 millones.

"Se ha dado luz verde a planeamiento de desarrollo suficiente para colmatar la capacidad residencial que se había dispuesto en el PGOU con el horizonte del año 2025, y todo ello sin conocer los efectos ambientales, demográficos, sociológicos y económicos que todo ello supondrá para el municipio"

Ángeles Moreno Micol, experta en urbanismo

Hay que tener en cuenta que, según las exigencias que la ley establece, el Plan de Vigilancia Ambiental debía servir, entre otras cuestiones, para que los impactos negativos -moderados o severos- que se derivan de la construcción de viviendas se vieran compensados por medidas que aumentaran la calidad ambiental de esas zonas. Pero nada de eso se hizo y, lo cual es igualmente significativo, tampoco se le reclamó por parte de la Comunidad, que debía haber actuado como garante del cumplimiento de la legislación ambiental.

El Gobierno local admite que aún no hay PVA

Antonio Navarro Corchón, concejal de Urbanismo y ex director general de esa misma materia en la Administración regional, admite que el Programa de Vigilancia Ambiental no se ha puesto en marcha en 17 años, pese a constituir una exigencia legal insoslayable cuando se aprueba un PGOU. Pero añade que, con la llegada de José Ballesta al gobierno local y la suya propia a la concejalía, encargó la elaboración de ese documento a la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT). «Tenía un periodo de ejecución de 18 meses y debe de estar acabado ya en marzo o abril», sostiene. "Nos pareció que encargarlo a un equipo multidisciplinar de la UPCT ofrecía las mayores garantías científicas y de objetividad". Navarro Corchón niega que desde el Consistorio se haya propiciado durante años una 'barra libre' para los promotores.

"El programa no estaba en marcha, pero las exigencias ambientales se cumplían, porque todos los expedientes llevan sus correspondientes informes del servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento"

Antonio Navarro Corchón, concejal de Urbanismo

Las conclusiones a las que ha llegado la edil Ángeles Moreno Micol tras el análisis detallado de los expedientes urbanísticos son bien diferentes. "No es que se tratara de evitarles problemas o contratiempos a los promotores, es que se ha permitido que se aprobaran unos desarrollos que no deberían haber salido adelante, bien por falta de informes ambientales o por no tener garantizados los recursos hídricos".

Fuente: modificado de La Verdad