Cartagena admite la falta de recursos para atajar el vertido ilegal de escombros

La concejal de Medio Ambiente de Cartagena, Obdulia Gómez López, admitía que el ayuntamiento no tenía capacidad de combatir todos los incumplimientos que se acumulan en materia de vertido de escombros. En 2016 y 2017 se abrieron 273 expedientes, informó la edil, quien añadió que para resolver estos y los que vengan es necesario "contar con más personal y recursos, y con la colaboración ciudadana". Se estudia enviar a la Fiscalía los casos por los que Contenedores Carthago SL "acumula sanciones".

Al principio de una sesión que se prolongó durante diez horas, con pausa para comer, Gómez afrontó una batería de preguntas de Cartagena Sí Se Puede (Podemos) sobre la proliferación de residuos de construcción y demolición en vertederos ilegales. La portavoz de ese grupo político, Pilar Marcos, criticó que no se le ha dado información de los ingresos por sanciones impuestas desde 2015, ni del listado de los vertederos utilizados sin permiso. «No hay ninguno autorizado; cuatro o cinco están en trámite», dijo Gómez. Las sanciones van desde los 900 a los 45.000 euros. La dificultad en el cobro estriba en que «casi siempre son recurridas», añadió. Igual de complicado es localizar al infractor, subrayó la edil. No obstante, aseguró que en breve aplicará un control más estricto, empezando por las obras municipales y las particulares en la vía pública.

"Seguir cada transporte de residuos es imposible, como lo es querer multar a cada coche que se salta un paso de peatones" 

Obdulia Gómez

Las certezas sobre los incumplimientos en el desescombro, tras la reforma de la calle Licenciado Cascales, contratada por el Ayuntamiento, y en la Plaza de Alicante tienen mucho que ver en esto. «Iniciaremos un sistema de comunicación directa entre los técnicos de Contratación y los de Disciplina Ambiental», aseguró Gómez. Solo así será posible que cada material que sale de una demolición sea controlado y certificado desde el origen hasta la llegada a un vertedero autorizado, apuntó la edil, en respuesta a las quejas de Podemos. 

El Ayuntamiento baraja enviar a la Fiscalía los casos por los que Contenedores Carthago SL "acumula sanciones", entre ellos el depósito de residuos de Licenciado Cascales en el paraje de Los Segados, en la rambla de Benipila. Medio Ambiente también inició un expediente sancionador contra una de sus mayores contratistas, María García Martínez, por el presunto traslado de residuos de la reforma de Trovero Marín, en la Cuesta del Batel, a un solar situado frente al Parque de Seguridad.

Asimismo, la concejal confirmó el expediente sancionador a Construcciones Urdecon SA, sin detallar la multa por depositar, en el Monte San Julián, restos de las obras de adecuación del Muelle de La Curra, contratadas por la Autoridad Portuaria. Son tres ejemplos entresacados por Obdulia Gómez de los casi 300 expedientes que, según ella, demuestra que «los técnicos trabajan mucho», pero afrontan grandes dificultades para imponer sanciones y conseguir que los culpables retiren los residuos.

"Cuando encontramos restos de la construcción en un solar privado y nadie ha visto el vertido, solo podemos obligar al titular a la retirada y al vallado. Localizar al infractor es complicado porque hay que pillarle en el acto"

Obdulia Gómez

También se actúa en las explotaciones que almacenan restos de la construcción de forma indebida. En concreto, mencionó a Cartagena de Subproductos y Derribos SL, que junto a Hijos de Emeterio Escarabajal SL, fueron sancionadas en 2016 por explotar una cantera en la que acumularon residuos que dañaron la fauna y la flora de un monte, detrás del Hospital Santa Lucía. Pese a ello, Pilar Marcos, creyó insuficiente la aclaración. "Estamos aquí para exigir un control exhaustivo", apuntó.

Fuente: modificado de La Verdad