El cierre y desmantelamiento de las centrales nucleares se enfrentan a la falta de finaciación y a un vacío legal

Los ocho reactores nucleares que están operativos en nuestro país tienen una cuenta atrás sobre sus cabezas, independientemente de si se está o no a favor de las nucleares o de si éstas centrales son o no rentables. El problema de fondo, agravado por el debate sobre la reapertura de Garoña, ha provocado un agrio choque político y empresarial por ver quién paga su multimillonario desguace. Una tarea, la de desmantelar una nuclear que prevee el Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), que recae en Enresa, y para la que no existe una legislación clara en España.

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España vive sobre un problema atómico que, tarde o temprano, terminará estallando. Así se podría resumir la situación de los ocho reactores nucleares que aún están operativos en el país, que en algún momento se tendrá que afrontar: el desmantelamiento de los reactores, una vez que se cierren por no pasar la ITV correspondiente. El desguace es multimillonario y podría superar los 10.000 millones de euros. Los fondos que hay asignados para este fin a fecha de hoy, algo más de 4.000 millones, no son suficientes. Legalmente no está claro quién tiene que cubrir la diferencia, pero es previsible que el impacto se termine repercutiendo al usuario de luz, vía recibo eléctrico.

La batalla política por Garoña

La reapertura o no de la central de Garoña ha abierto una dura batalla política y empresarial entre los que defienden su continuidad y los que no. Esta central, que ya ha cumplido los cuarenta años de vida útil, está parada pero en estado latente. Es decir, está operativa pero sin producir electricidad, a la espera de que el Gobierno le otorgue licencia para continuar.

Además de los enfrentamientos políticos que Garoña lleva provocando de forma intermitente desde hace cinco años, los propios socios de la central, Iberdrola y Endesa, ahora ya tampoco se ponen de acuerdo. Iberdrola quiere cerrar la instalación, alegando que ya no es rentable. Endesa defiende que se espere a la decisión que adopte el Gobierno.

A partir de ahí, surge la pregunta del millón. ¿Qué es más barato? ¿Dejar Garoña como está? ¿Reiniciar su actividad? ¿O, sencillamente, demolerla? Si Garoña se cierra, se habrá resuelto un problema, pero se habrá abierto la caja de Pandora de otros. Tras Garoña, el resto de centrales, en cadena, empezarán a cumplir 40 años de vida útil dentro de poco, empezando por Almaraz I en 2020. Lo que no está resuelto es cómo afrontar el altísimo coste que tendría si las nucleares se van desmantelando de forma masiva. Y sobre todo: quién lo paga.

El papel de Enresa

El grupo estatal Enresa es el que, por ley, tiene encomendada la misión de gestionar los residuos nucleares en España y el desmantelamiento de las nucleares, lo que genéricamente se conoce como Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR). Además de encargarse de estas tareas, administra un fondo específico que se ha ido creando en España vía tasas a la energía nuclear. El fondo sumaba, según las últimas cuentas públicas de Enresa, 4.613 millones de euros a diciembre de 2015.

Según la memoria de Enresa de ese año, el coste del desmantelamiento nuclear al que debería hacer frente ese fondo, además de la gestión de residuos atómicos, se elevaba a 10.127 millones, según estimaciones. La propia memoria de Enresa advierte que "las necesidades de financiación futuras por las posibles desviaciones de las hipótesis del PGRR están plenamente garantizadas mediante la posibilidad de modificación de los tipos de gravamen que la mencionada Ley prevé se lleve a cabo mediante Real Decreto". Es decir, se podrían poner más tasas.

Zorita y Vandellós I

En España se están desmontando en estos momentos dos centrales nucleares: la de José Cabrera, conocida como la central de Zorita, y la de Vandellós I, que cesó su actividad en 1989 y desde 2004 se encuentra en fase de latencia (periodo de espera de 25 años hasta que se realice el desmantelamiento completo). Si se toma como referencia para el desmantelamiento de Garoña el presupuesto del desmantelamiento de Zorita, el coste de desguace del reactor burgalés es relativamente fácil de calcular.

Vacío en la legislación para desmantelar una central nuclear

El coste de Zorita ronda el millón de euros por megavatio (170 millones en total). Pero Garoña, que cuenta con más de 400 megavatios y es más compleja, costaría entre 400 y 500 millones, más de diez euros por ciudadano. A pesar de que se lleva más de cinco años pendiente del asunto de Garoña, en España no existe una legislación clara de cómo cerrar una nuclear que ha culminado su vida útil y sobre todo, de cómo desmantelarla. Todas las fuentes consultadas explican que existe un vacío legal sobre los costes que supone cerrar una central y quién debe asumirlos si terminan disparándose.

En el caso de Zorita, Fenosa, la propietaria, asumió parte del coste, hasta su entrega a Enresa. El pasado año, el presidente de Enresa, Juan José Zaballa, advirtió de posibles problemas financieros para desmantelar las centrales nucleares en el caso de no prorrogarse su actual vida útil. Un informe previo del Tribunal de Cuentas ya alertaba de que el fondo no es suficiente y cifraba el desfase en 1.800 millones.

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Eso dando por hecho que las centrales nucleares, con polémica o no, agotan toda su vida útil y no se produce un parón generalizado prematuro, como el que proponen algunas fuerzas políticas. Y también dando por hecho que el fondo que administra Enresa no sufre deterioros importantes y sigue aumentando. En todo caso, un desfase sistemático entre el fondo de Enresa y el coste total del desmantelamiento, advertía el Tribunal de Cuentas, implicará que las "generaciones futuras" tendrán que asumir "los costes derivados de la clausura de las nucleares".

Fuente: modificado de Expansión.