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El Síndic de Greuges reunió el pasado jueves, 28 de febrero de 2019, a los representantes de varios colegios profesionales, entre los que se encontraba el COAMB que, en el marco de las respectivas disciplinas y ámbitos de conocimiento, han constatado que alrededor del proyecto Castor se han cometido irregularidades que se tienen que aclarar con una auditoría técnica. En caso de que se pruebe que la empresa concesionaria actuó con negligencia quedaría invalidada la indemnización que tendría que recibir.

informe irregularidades Castor

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El documento, firmado por el Síndic de Greuges, el Colegio de la Abogacía de Barcelona y los colegios de Geólogos, Ambientólogos y de Ingenieros de Caminos, Canales y Puentes, señala que la concesionaria debería haber devuelto el dinero, acorde con las sentencias del 2017 del Tribunal Constitucional (TC) y del Supremo (TS). 

El TC anuló con efectos ex tunc (desde el momento de la supuesta entrada en vigor de la norma, que se tiene que entender que no se ha producido nunca), primero, las normas con rango legal que daban cobertura al pago de una indemnización y repercutían este pago y los costes de mantenimiento en la factura del suministro de gas. Posteriormente, el TS confirmó los efectos retroactivos de la nulidad acordada por el TC sobre los pagos en concepto de la indemnización ya hechos efectivos antes de que se publicara la sentencia del Tribunal Constitucional.

Las partes que han firmado el documento impulsado por el Síndic manifiestan que la indemnización estaba condicionada a la inexistencia de luto o negligencia en la ejecución del proyecto y a la operatividad de la plataforma, pero se hizo efectiva sin verificar que se cumplían estas condiciones. Por este motivo, también reclaman que el Gobierno del Estado encargue una auditoría técnica para determinar si las actuaciones de la concesionaria antes de la inyección de gas y en la operación de la plataforma fueron las adecuadas a la configuración geológica de la zona.

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó ha anunciado que este documento se enviará al Parlament de Catalunya y al Gobierno español.

 

Fuente: La Vanguardia y COAMB

 

 
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