Los Estados miembros de la UE no se han esforzado lo suficiente para adaptar sus economías al cambio climático. Se ha celebrado un debate amplio y de fondo en la UE para determinar si es necesario adaptar la sociedad al desarrollo sostenible y al cambio climático. El resultado ha sido un acuerdo sobre una línea de actuación encaminada hacia el desarrollo sostenible, incluida la «ecologización» de la economía.
Esta dirección política se ha visto confirmada en varios documentos, a saber, la Estrategia de Desarrollo Sostenible de 2001, revisada en 2006, el Séptimo Programa de acción en materia de medio ambiente, la iniciativa emblemática «Una Europa que utilice eficazmente los recursos» en el marco de la Estrategia Europa 2020, la «Hoja de ruta hacia una Europa eficiente en el uso de los recursos» y la «Hoja de ruta hacia una economía hipocarbónica competitiva en 2050». El Comité ha respaldado esta ambición en varios dictámenes.
Buena parte de la normativa de la UE ha sido concebida para lograr una reducción de las emisiones de carbono. Un marco normativo por sí solo no es suficiente; se precisan incentivos financieros y económicos basados en el principio de las recompensas y las penalizaciones para apuntalar la transición. En este proceso cobran un importante papel los instrumentos de mercado, como los impuestos medioambientales, el comercio de derechos de emisión y la reforma de las subvenciones. Dichos instrumentos pueden modificar el resultado de la actividad del mercado porque mejoran el sistema de señales de precios mediante la internalización de los costes externos y ofrecen más flexibilidad y apoyo para que las empresas logren los objetivos y para fomentar la eficiencia y la innovación.