El Defensor del Pueblo, institución encargada de defender los derechos fundamentales y las libertades públicas mediante la supervisión de la actividad de las administraciones públicas, envió a las administraciones 2.175 resoluciones en 2017, dirigidas a proponer cambios normativos y mejorar la vida de los ciudadanos. Las 24.750 quejas de los ciudadanos y las más de 750 actuaciones de oficio abarcan multitud de ámbitos, pero en materia medioambiental, los asuntos más relevantes abordados a lo largo del año fueron el elevado precio de la electricidad en España, los proyectos de almacenamiento de gas en el entorno de Doñana y la contaminación atmosférica en las grandes ciudades.
El elevado precio de la electricidad en España preocupa especialmente al Defensor del Pueblo, que ha remarcado que la energía eléctrica es un bien esencial para la vida y condición indispensable para el disfrute de otros derechos fundamentales como la educación, la salud o una vivienda digna.
Por ello, mantiene abiertas varias actuaciones con las administraciones públicas y ha recomendado, entre otras propuestas, reducir la parte fija de la factura eléctrica de manera que se incentive el ahorro; proteger a los consumidores vulnerables frente a los cortes de suministro y, recientemente, que se aplique a la electricidad un IVA reducido.
La nueva regulación del bono social eléctrico aprobada este año por el Gobierno recoge varias de las recomendaciones formuladas por la Institución que, en el estudio Protección de los consumidores vulnerables en materia de energía eléctrica, abogó por proteger especialmente los hogares donde residan menores de edad, personas mayores y personas con discapacidad.
La normativa establece la renta como criterio para acceder al bono social e introduce medidas que protegen a los consumidores en el mercado libre, tal y como pidió el Defensor del Pueblo. También contempla que no se corte el suministro por impago sin antes verificar con los servicios sociales la posible situación de vulnerabilidad de los consumidores afectados. Otras recomendaciones que incorpora el nuevo bono social eléctrico son la modulación del umbral de renta para proteger a determinados colectivos (menores, mayores y personas con discapacidad).
El Defensor ha recomendado al Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente que evalúe de manera conjunta los impactos acumulativos de los cuatro proyectos que prevén la explotación y el almacenamiento de gas en el entorno de Doñana.
La Institución quiere que se valoren las distintas alternativas al almacenamiento de gas y que se garantice, con un grado de certeza acorde con su importante relevancia ecológica, que el espacio no se va a ver negativamente afectado por la inyección y almacenamiento de gas, así como que los riesgos sísmicos se reduzcan al mínimo posible.
En opinión del Defensor del Pueblo, el hecho de que no exista una correcta evaluación ambiental que ofrezca resultados concluyentes sobre la seguridad de los proyectos y las insuficiencias advertidas por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), impiden asegurar razonablemente que no se producirán efectos derivados de los proyectos que afecten negativamente a este espacio.
La contaminación atmosférica es uno de los grandes problemas ambientales a nivel mundial, europeo y local. Varias localidades españolas superaron los niveles aconsejados de contaminación por partículas en suspensión, según las últimas estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre contaminación atmosférica urbana.
Por ello, el Defensor del Pueblo mantiene abierta una actuación de oficio ante 15 municipios españoles -A Coruña, Avilés, Barcelona, Bilbao, Ciudad Real, Gijón, Granada, León, Madrid, Murcia, Santander, Sevilla, Toledo, Valencia y Zaragoza- para conocer las medidas que contemplan para atajar la contaminación atmosférica urbana y la información proporcionada a la población.
Balance completo 2017 del Defensor del PuebloDefensor del Pueblo