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La devaluación de viviendas en el Mar Menor es lo que llevará un grupo de abogados a exigir responsabilidades a la Administración por la degradación de la laguna litoral. Tienen como base la denuncia de la Fiscalía que comenzó la investigación en 2016, tal y como recoge su memoria. El Mar Menor lleva tiempo considerándose un punto negro en la calidad de las aguas murcianas, pero la preocupación y la denuncia surgen a partir de la tremenda devaluación que sufren sus pisos.

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Imagen de La Verdad / A. GIL / AGM

Hace un año y medio largo, cuando comenzaron a mentalizarse de que la 'sopa verde' en la que se había convertido el Mar Menor tenía escasas vías de solución, al menos a corto y medio plazo, algunos propietarios de viviendas en el entorno de la laguna comenzaron a decirse entre sí que alguien debería pagar -literalmente- por semejante desastre. Y no ya por algo tan incalculable como haber permitido que la joya de la corona ambiental del sureste español estuviera agonizando, ni por haberles privado de algo tan gozoso como disfrutar de unas aguas en otro tiempo límpidas, sino por una cuestión tan prosaica e indiscutible como la  devaluación que habían sufrido sus viviendas. «Tengo un cliente que adquirió años atrás una casa por 200.000 euros y ahora no sería capaz de venderla por 60.000», ilustra el letrado Mariano Bó, que -junto al cartagenero Francisco Sarabia y otro despacho radicado en Valencia- es uno de los profesionales que lleva meses estudiando la fórmula más idónea para actuar legalmente contra la Administración.

Admite el abogado que la cuestión es compleja, sobre todo por la dificultad existente hasta ahora de concretar cuáles fueron las actuaciones y, sobre todo, las omisiones de los organismos públicos que han permitido tamaña degradación de la laguna litoral. Con el riesgo que implicaba para los clientes de que una demanda civil acabara no prosperando y ello se pudiera traducir en una imposición de las costas del procedimiento, que es una cuestión que ha venido refrenando a algunos de estos abogados durante meses. Y ello a pesar de que ya disponen de algunos informes técnicos, redactados por especialistas en materia inmobiliaria, que establecen que la vivienda ha sufrido una devaluación media de hasta el 60% en zonas especialmente castigadas por el deterioro del Mar Menor, como Los Urrutias, Los Nietos, Mar de Cristal...

«Los daños colaterales de esa contaminación son evidentes. Hay zonas en las que las viviendas, directamente, ya no tienen venta. No es que se hayan devaluado un porcentaje más o menos elevado; es que podría decirse que ya no las quieren ni regaladas. Y luego está el problema de los arrendamientos en verano, del deterioro de la calidad de las vacaciones...», resume el abogado Francisco Sarabia, quien insiste en que los perjuicios sufridos por los propietarios de casas en algunas zonas son enormes.

Los propietarios se personarán como acusación

Las dificultades para probar la aparente desidia de la Administración frente a los vertidos parecen haberse allanado drásticamente, sin embargo, a raíz de la denuncia interpuesta por el Fiscal Superior de la Región, José Luis Díaz Manzanera, en la que señala expresamente a varios antiguos altos responsables de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma, como Antonio Cerdá y varios de sus ex directores generales, y de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), entre ellos José Salvador Fuentes Zorita y Rosario Quesada.

El documento de la Fiscalía sí establece con todo detalle, gracias a la investigación realizada a lo largo de un año y al análisis de decenas de informes de la propia Consejería y la CHS, qué actuaciones y omisiones concretas se habrían producido para que la laguna llegara a transformarse en un 'consomé'. Básicamente, haber permitido que desde explotaciones agrarias de la comarca del Mar Menor se vertieran cada año hasta 3.000 toneladas anuales de nitratos, que han derivado en una grave eutrofización -con la proliferación masiva de microalgas- de sus aguas.

Por el momento, estos letrados parecen tener claro que se van a personar en las diligencias que va a empezar a tramitar el Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia. Pretenden ejercer la acusación particular, debido a la condición de afectados directos de la que pueden esgrimir sus clientes. Pero ello, además, no es óbice para que sigan estudiando el recurso de la vía civil.

 

Fuente: La Verdad

 


 
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