El Comité Económico y Social Europeo ha emitido un Dictamen sobre el Plan Estratégico Europeo de Tecnología Energética (Plan EETE) integrado: "Acelerar la transformación del sistema energético europeo", en un momento en el que, además, el sistema energético europeo está tan cuestionado por propios y extraños.
Existe el objetivo común entre todos los Estados miembros de la Unión Europea de lograr la descarbonización del sector energético en su conjunto. Lograrlo exige iniciar un proceso de transición costoso y complicado.
Dice el Comité en su Dictamen que, para abordar dicho cambio, primero habrá que resolver otras cuestiones, destacando la necesidad de reformar y adaptar la regulación de los mercados de la energía, el desmantelamiento de las antiguas reservas tradicionales de energía o también, por ejemplo, solventar los problemas planteados y perspectivas abiertas por un nuevo modelo de gobernanza en el sector.
En este sentido, considera el Comité que el mencionado Plan EETE "constituye un instrumento esencial y ambicioso para lograr la seguridad energética", pero que alcanzar su objetivo y pretensiones pasa por implicar no sólo a los Estados y a los agentes macroeconómicos, sino también al ciudadano, pues "sin su confianza y educación resultará imposible poner en práctica políticas energéticas concretas", entre otras cosas, por las connotaciones que existirían en el empleo y las economías domésticas de cada país.
Enfocando ahora su mira ya directamente en el Plan EETE, contenido de la consulta realizada por la Comisión, el Dictamen refleja una serie de observaciones, algunas de ellas interesantes.
El Comité considera que los objetivos del Plan están bien definidos y los entiende viables. Lograr que esta transición sea exitosa será un reto de primer orden para Europa, que deberá reflejarse en su lucha contra el cambio climático, en un incremento de su competitividad y atractivo económico, en una garantía del suministro a todos los consumidores, y todo ello a un coste razonable, determinado y transparente.
Dicho esto, remarca con fuerza la necesidad de que la Comisión obtenga un «aumento en el compromiso financiero de los Estados miembros y del sector privado», así como una ampliación «de la participación de las partes interesadas a lo largo de toda la cadena de investigación e innovación».
Opina que la Unión Europea en su conjunto debe intensificar los esfuerzos para introducir en el mercado nuevas tecnologías energéticas de alto rendimiento, que incluyan lo siguiente:
A mayores ve que son tres los elementos específicos a reforzar por la Comisión a la hora de afrontar esta transición en el sector energético de Europa, que denomina «los pilares de la política energética europea»; cada uno de ellos adscritos en un marco cuya atención resulta fundamental para el futuro del sector:
Por ejemplo, en cuanto a la necesidad de invertir en infraestructuras y redes, el Comité ve imprescindible para la viabilidad de los objetivos, garantizar la flexibilidad del sistema con una amplia gama de soluciones diversas de almacenamiento de energía, adaptadas a cada forma que ésta adquiera.
O en otro caso, ve que gran parte de los esfuerzos destinados a investigación e innovación deberían dirigirse a lograr «modelar, medir y controlar el funcionamiento y el mantenimiento de los sistemas hipocarbónicos descentralizados de calefacción y refrigeración para así acelerar la entrada en el mercado de nuevos productos y sistemas energéticos eficientes y sacar el máximo partido de los tres pilares en su conjunto».
Sólo desarrollando, de esta manera, los pilares con la pormenorización debida, afirma, es posible obtener resultados a largo plazo. Con todo, habiendo destacado alguna de las partes más interesantes del Dictamen del Comité Económico y Social Europeo, resulta necesario terminar subrayando las conclusiones y recomendaciones que se exponen, como preludio de parte de la futura política energética de la Unión Europea:
Para ello ve necesaria la existencia de un marco político europeo «previsible, viable y definido» que antes de precipitarse analice correctamente las prioridades de desarrollo, las posibilidades de financiación asumibles y disponibles, la competitividad industrial europea y, «no menos importante», las aspiraciones de los ciudadanos.
Fuente: Actualidad Jurídica Ambiental.