El caso Acuamed abre más investigaciones en otros organismos de cuenca

Noticia aparecida en elEconomista sobre la operación Frontino y posibles casos similares en las Confederaciones Hidrográficas.

El fraude de la empresa pública Acuamed (Aguas de las Cuencas Mediterráneas), que alcanza los 57 millones de euros en facturas hinchadas y falsas certificaciones y unos sobrecostes de 350 millones de euros, parece destapar el pozo sin fondo de las irregularidades millonarias de la gestión del agua. Las Confederaciones Hidrográficas están en el punto de mira, pues suspenden la auditoría de sus cuentas sin que haya consecuencias al respecto y también tienen procedimientos judiciales abiertos que investigan las adjudicaciones de los contratos.

El Plan Agua de 2004 del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero incluía la construcción de 51 desaladoras en España que dio el pistoletazo de salida a una contratación pública masiva regada por los sobrecostes, los retrasos en las obras e incluso el gasto de dinero en proyectos de los que no se llegó a poner la primera piedra. Acuamed, que nació de la fusión de las compañías Aguas de la Cuenca del Sur, Aguas del Júcar y Aguas de la Cuenca del Segura, tenía encomendados 23 de las actuaciones del Plan Agua.

El Tribunal de Cuentas ya avisó sin éxito en 2014 a través de su informe de fiscalización de los ejercicios de 2011 y 2012 que de las 23 actuaciones encomendadas a la compañía dependiente del Ministerio de Agricultura, sólo había tres desaladoras en funcionamiento, la de Carboneras (Almería), El Atabal (Málaga) y la de Marbella (Málaga), mientras que diez actuaciones aún estaban en ejecución y otras diez habían sido suspendidas o existían dudas de su viabilidad.

Infraestructuras sin usar

Dos años después de la publicación del informe del órgano fiscalizador, el resultado sigue siendo poco halagüeño. De las diez actuaciones que había en proceso, aún hay dos en fase de ejecución -la desaladora del campo de Dalías (Almería) y el programa de abastecimiento de regadíos para Castellón- y dos plantas desalinizadoras que, aunque están acabadas, no están en marcha, la de bajo de Almanzora (Almería) y la de Mutxamiel (Alicante), según recoge la propia Acuamed en su página web. Pese a la inutilización de las infraestructuras, el gasto público invertido en éstas dos obras asciende a los 264 millones de euros. El resto de los proyectos no salieron adelante pese a que la sociedad soportó al menos una inversión de 8,8 millones de euros destinados, entre otras cosas, a estudios y expropiaciones.

A los retrasos de más de 50 meses en la ejecución de las obras, desaladoras fantasmas y proyectos fallidos se suma los sobrecostes de más de 330 millones de euros que Acuamed pagó por la ejecución de nueve de sus proyectos encomendados por el Plan Agua. El Tribunal de cuentas señaló hace un año y medio el motivo de los mismos: contratos dados por encima de la licitación inicial, revisión de precios y pagos por liquidaciones, en muchos casos, inflados. Entonces nadie sabía que los directivos de la firma pública y empresarios con los que mantuvieron connivencia serían considerados un año y medio después "organización criminal" dentro de una operación que investiga las mismas operaciones que ya señaló el organismo fiscalizador.

La CHG, cuestionada

Las Confederaciones Hidrográficas también están bajo la lupa judicial. La juez de Instrucción número 3 de Sevilla, Patricia Fernández Franco, imputó hace tres meses a dos exaltos cargos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) después de que la Fiscalía los denunciara por haber intentado beneficiar a la empresa de dos socios de uno de los imputados con un informe sobre el embalse de La Breña (Córdoba) con el que podían reclamar 15 millones de euros en un pleito contra la Administración.

Los investigados, nueva acepción de imputados tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, son el exjefe de la Oficina de Planificación Hidrológica y exjefe de servicio de Inspección de Presas, Agustín Pastor Turullols, y el excomisario de Aguas de la CHG, Rafael Álvarez Giménez. La magistrada ha solicitado un informe a la CHG y otro a la Guardia Civil para esclarecer los posibles vínculos económicos a los que apunta la Fiscalía entre Agustín Pastor Turullols y la empresa beneficiada por su informe, Salto de la Breña SA. Pastor es socio de miembros de la firma Salto de la Breña SA en dos sociedades: Gabinete de Promociones Costa Golf y Transporte de Cenizas y Cementos. La juez ha citado a declarar como testigo el próximo 5 de febrero al presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Manuel Romero.

Por otro lado, el diputado socialista por Córdoba, Antonio Hurtado, también ha puesto la mira sobre la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Tras tres años pidiendo información al Ministerio de Agricultura de Miguel Arias Cañete sobre los contratos de la Confederación, no fue hasta la llegada de su sucesora, Isabel García Tejerina, cuando obtuvo respuesta. Así, Hurtado asegura a este periódico que la CHG ha utilizado el procedimiento de emergencia para la adjudicación de contratos en seis ocasiones en 2012, en otras siete en 2013 y en cuatro más en 2014.

La tramitación de emergencia se utiliza cuando la Administración tiene que actuar de manera "inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional", según recoge la Ley de Contratos del Sector Público. De este modo, las obras se pueden licitar sin necesidad por parte de la Administración de convocar un concurso público, mermando así los principios de publicidad y libre concurrencia del proceso de licitación.

Hurtado, a través de documentos facilitados por la Plataforma del Agua y personas vinculadas a la CHG, denuncia que, de los diecisiete contratos de emergencia otorgados por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir entre 2012 y 2014, en trece de ellos no se daban las condiciones para tramitarlos a través de este procedimiento. La cifra de los contratos cuestionados asciende a más de 14,5 millones de euros. Entre los objetos de los servicios que la CHG adjudicó bajo el procedimiento de emergencia están el suministro del vestuario al personal laboral de la Confederación, la reforma de la instalación de la climatización de la sede de la CHG de Granada o la sustitución del tramo vertical de una tubería de impulsión del agua relacionada con la desaladora de Melilla, que aunque se tramita de urgencia en julio de 2012, el Consejo de Ministros no aprueba la reparación hasta tres meses después.

La tramitación por el procedimiento de emergencia exige que la actuación se realice de manera inmediata, debiendo comenzar dentro del plazo de un mes desde su declaración, asegura Hurtado. En muchos casos, el diputado señala que en los contratos otorgados por la CHG no se puede comprobar si se actuó en un plazo no superior a un mes. A esto, se añade que las obras de emergencia no llevan proyecto. La necesidad de una intervención rápida y urgente, imposibilita la redacción del mismo antes del inicio de la obra.

Investigación de los contratos

Ante lo llamativo de la situación, el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso ha solicitado ante la Comisión Mixta Congreso-Senado la propuesta de que el Tribunal de Cuentas elabore un informe de fiscalización de los contratos emitidos por la CHG durante los ejercicios de 2013 y 2014, poniendo especial incidencia sobre "las contrataciones de las actuaciones de limpieza en el Guadalquivir a su paso por Córdoba", ésto último, con motivo de los fraccionamientos de los contratos.

Ante esta situación, el diputado Antonio Hurtado entiende que la Fiscalía Anticorrupción debe investigar las contrataciones de obras y servicios y la gestión de la CHG durante los últimos años, ya que lo considera "un calco" del caso Frontino que está siendo investigado por la Justicia. "Hay muchas coincidencias entre Acuamed y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir", asegura el parlamentario que incide además en que Federico Ramos, el subsecretario de Presidencia que dimitió el pasado 22 de enero salpicado por los presuntos fraudes de la firma pública, fue desde el año 2011 secretario de Estado de Medio Ambiente. "Es decir, de quien dependían tanto la CHG como Acuamed", resalta Hurtado.

"Las denuncias del personal de Acuamed fueron determinantes para destapar las irregularidades que están siendo investigadas, y resulta que también el personal de la CHG ha denunciado ante la Fiscalía y el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente las contrataciones a dedo y sobrecostes en distintas obras y servicios de la CHG", concluye el diputado.

Fuente: modificado de elEconomista.