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La Corte de Arbitraje del Banco Mundial, Ciadi, acaba de dictaminar que España tendrá que pagar 128 millones de euros a la firma británica Eiser Infrastructure Limited y su filial luxemburguesa Energia Solar Luxembourg por los recortes a la retribución de las energías renovables incluidos en la reforma eléctrica que el gobierno aprobó en 2013.

Al realizar las inversiones, Eiser era socio en España de Elecnor y de la firma de ingeniería Aries. La firma contaba con un 36,95% en Aries Solar Termoeléctrica (Aste), que posee dos plantas termosolares de 50 megavatios (MW) en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), así como el 33,83% de Dioxipe Solar (Astexol), que desarrolla otra planta termosolar de 50 MW en Badajoz. La inversión comprometida en estas tres centrales alcanza los 935 millones de euros y se acometió en 2007, el mismo ejercicio en el que se aprobó el real decreto 661/2007, cuya aplicación provocó un rápido despegue de las energías renovables.

Tras ese momento, el sector fue sometido a diversos recortes retributivos, el primero de ellos a finales de 2010, con el PSOE en el poder, y el último, en 2013, con la aprobación de la reforma del sector eléctrico por parte del Gobierno del PP. España acumula ante el Ciadi, dependiente del Banco Mundial, casi una treintena de demandas de inversores internacionales por los recortes aplicados a las energías renovables, ya que los inversores nacionales no pueden acudir al tribunal internacional de arbitraje. Es el segundo país por número de demandas a nivel mundial, sólo por detrás de Venezuela. En el caso español, las denuncias se centran tanto en los recortes a la energía solar y a la termosolar que el Gobierno aplicó a finales de 2010 como los acometidos por el Ejecutivo en funciones durante la legislatura concluida a finales de 2015.

Primer dictamen en contra

El fallo del Ciadi supone el primer revés en los tribunales internacionales para España por estos recortes. En enero 2016, el Tribunal Arbitral de Estocolmo también se pronunció sobre la demanda presentada por Charanne B.V. y Construction, Investments, dos sociedades vinculadas a Isolux, por los recortes al sector fotovoltaico, aunque en aquella ocasión se pronunció a favor del Reino de España. Ese fue el primer laudo arbitral internacional en resolverse de los interpuestos contra España en el sector renovable al amparo del Tratado de la Carta de la Energía. Anteriormente, las sentencias del Tribunal Supremo y del Constitucional habían avalado también los recortes aplicados por el Gobierno en esta materia en los últimos años.

Recurso contra la decisión del Ciadi

El Gobierno de España estudia recurrir el laudo del Ciadi y considera que sus conclusiones no pueden marcar un precedente ni ser extrapoladas al resto de pleitos abiertos contra el país en el Banco Mundial. "Este laudo única y exclusivamente declara, de manera referida a las tres plantas termosolares de los demandantes y en atención a sus particulares circunstancias, que la reforma ha causado a sus titulares un daño que, bajo la singular apreciación del Tribunal, se considera excesivo", señala el Ministerio de Energía en un comunicado.

 

Fuente: El Mundo

 


 
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