La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo consideró el pasado martes mantener abiertas tres peticiones españolas sobre presunta vulneración de la legislación ambiental en el río Tajo, así como en Castellón y Cantabria. Los eurodiputados han reclamado seguir estudiando las tres denuncias interpuestas por ciudadanos españoles contra la vulneración de la ley comunitaria medioambiental.
En primer lugar, se trata de Miguel Ángel Sánchez Pérez, en nombre de la Plataforma en Defensa de los ríos Tajo y Alberche, que denunciaba en su petición el "deficiente estado de conservación y la gestión perjudicial para el medio ambiente de la cuenca del río Tajo".
Los peticionarios señalan que la Comisión Europea inició un procedimiento de infracción y finalmente llevó el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea alegando que España había incumplido sus obligaciones relativas a la adopción de planes hidrológicos.
El representante de la plataforma destaca los efectos ambientales negativos sufridos por la cuenca en los tres últimos decenios y señalan la vulneración de varias directivas ambientales europeas, en concreto la Directiva marco sobre el agua, la Directiva sobre aves, la Directiva sobre hábitats y la Directiva sobre aguas residuales urbanas.
Sobre estas presuntas vulneraciones, la CE dará su opinión cuando reciba la información que solicitó a las autoridades españolas y los eurodiputados volverán a debatirla.
En segundo lugar, los eurodiputados trataron la petición presentada por Juan-Luis de Javier i Marí, en nombre de Arca Ibérica, sobre la extracción prevista de gas de esquisto en Castellón.
Los peticionarios denuncian que se ha autorizado la extracción de gas de esquisto en la parte norte de la provincia de Castellón, mediante la técnica de fracturación hidráulica (fracking), "sin que los trabajos hayan sido sometidos a evaluaciones de impacto ambiental", aseguran.
En ese sentido, advierten que varias áreas cercanas son zonas protegidas dentro de la red Natura 2000 y, por tanto, zonas protegidas al amparo de la Directiva sobre hábitats y de la Directiva sobre aves.
La legislación europea contempla que los países deben garantizar que todas las exploraciones o explotaciones de fuentes de energía cumplan los requisitos establecidos en el marco jurídico vigente a escala de la UE, incluidas las disposiciones relativas al medio ambiente.
Por último, vieron la petición de Raúl Fernández Pérez, que también denunciaba un caso de fracking pero en Cantabria.
En la denuncia critica la concesión a la empresa Repsol de un permiso para realizar exploraciones en busca de hidrocarburos utilizando el método de fracturación hidráulica, "el denominado proyecto Luena".
Fernández Pérez recordó que la zona afectada, Montaña Oriental, se considera una zona de interés comunitario y, según el peticionario, la técnica de la fracturación hidráulica conllevaría un alto riesgo de daños ambientales.
Fuente: EFEverde.