El Ministerio de Transición Ecológica ha soliviantado con el borrador del nuevo reglamento de la Ley de Costas a papeleras, conserveras, hoteleras, restaurantes o chiringuitos. Esta norma endurece el trámite de concesión y de prórrogas para las actividades en el dominio público-marítimo (a menos de 100 metros de la linea de costa), fijando hasta cinco tramos diferentes de plazo, siempre sumando los años de concesión más los de prórroga. Esa es la principal diferencia entre el reglamento de 2014, aún en vigor, y el actual borrador: el primero entendía unos plazos de concesión a los que se sumaban las sucesivas prórrogas y el segundo fija los plazos de concesión como el único límite.

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El borrador establece que el máximo serán 75 años y sólo se podrá aplicar a actuaciones ambientales. Esa es la interpretación que hizo la Abogacía del Estado en la causa judicial que todavía no se ha resuelto de la papelera Ence en su planta de Pontevedra, que ha visto limitada hasta 2033 la actividad, puesto que el plazo de 75 años se cuenta desde que le otorgó la concesión en 1958.

El segundo tramo es de 45 años y solo será para aquellas actividades que prestan servicio público, de las que el borrador no ofrece detalles. El tercero será de 30 años y se aplicará al resto de actividades, como chiringuitos, hoteles y restaurantes. El cuarto baja a 15 años y será para todas las instalaciones en la ribera del mar, en el que la industria conservera queda directamente afectada, y el quinto lo reduce a tres años en el caso de que la instalación tenga un impacto paisajístico.

Todos los sectores perjudicados rechazan el borrador, denuncian la inseguridad jurídica que se genera por cambiar los plazos de amortización de las inversiones (en el caso de las papeleras, hoteleras o conserveras, muy por encima del plazo de concesión) y han canalizado sus reivindicaciones a través de CEOE, que las va a hacer llegar al grupo de trabajo de Gestión Integral del Litoral del Consejo Asesor de Medio Ambiente, dependiente de Transición Ecológica.

"Innecesario, receloso y limitante"

El documento de alegaciones que ultima la patronal, al que ha tenido acceso CincoDías, es muy crítico con la redacción del nuevo documento que, según sus cálculos, afectará a miles de empresas. “Es innecesario desde el punto de vista jurídico, injustificadamente receloso y limitante de los títulos concesionales en vigor y de sus futuras prórrogas y renovaciones; reduccionista en la fijación de un plazo de duración ínfimo e incompatible con el mantenimiento y mejora de las empresas del sector y de las poblaciones en las que se asientan; y generador, dada su enorme abstracción y subjetividad, de una indeseable inseguridad jurídica a la hora de tratar de prever un elemento tan sustancial como es la duración de una concesión o incluso su simple subsistencia”, recalca el documento en las conclusiones.

Entre los sectores más afectados, la patronal Anfaco, que representa a 252 empresas del sector conservero, que suman 10.400 millones de facturación al año y 26.000 empleos, cree que con la nueva redacción la vida útil de sus instalaciones se reduce a 30 años, en el mejor de los casos, y a 15 años en la gran mayoría, ya que los tubos de captación y vertido soterrados están en la ribera del mar y se verían sometidos a esos plazos. “El fin que persigue el borrador no es el del criterio de sostenibilidad medioambiental (cuya importancia nuestra industria comparte y respeta) sino más bien la de una eliminación masiva de toda ocupación de nuestras costas concediéndole a la misma únicamente un valor paisajístico y recreativo”, recalca Juan Vieites, secretario general de Anfaco. En su opinión, el proyecto introduce “modificaciones inaceptables e inasumibles, poniendo en riesgo la continuidad de muchas de nuestras empresas en sus actuales ubicaciones”. Vieites remarca que, pese a que las instalaciones del sector mar alimentario se encuentran en terrenos privados, los tubos de captación y vertidos soterrados, “sin ningún efecto paisajístico”, se encuentran en la ribera de mar por lo que la actividad se vería limitada a 15 años.

Las restricciones en las concesiones también afectan de forma directa a restaurantes y chiringuitos. Emilio Gallego, secretario general de Hostelería de España, que representa a más de 300.000 empresas, asegura que el nuevo reglamento es innecesario. “No existía la concesión a perpetuidad con la anterior norma. La duración de la concesión estaba vinculada al montante de la inversión; cuanto más alta, más tiempo. Ese nuevo reglamento genera mucha inseguridad entre las empresas, ya que hay mucho empleo y actividad en juego”, remarca.

Otra de las actividades potencialmente perjudicadas por el reglamento serán los hoteles, ya que una parte muy importante de los 15.000 inmuebles que hay en España están afectados por esos nuevos límites. Juan Molas, presidente de la patronal hotelera Cehat, advierte también sobre la inseguridad jurídica generada ante las inversiones realizadas, “que en muchos casos no se podrán amortizar en esos plazos” y exige la aplicación de un régimen transitorio para las 900 peticiones de prórroga solicitadas de acuerdo al antiguo reglamento. “La falta de un régimen transitorio determinaría la aplicación retroactiva”, recalca el documento de CEOE.

El enrevesado caso de Ence

Prórroga. La papelera obtuvo en 1958 la concesión para la planta que tiene en Pontevedra. En 2016, con Mariano Rajoy en el Gobierno, obtuvo una prórroga de 60 años para la actividad (cincuenta naturales más diez por ciertas inversiones comprometidas).

Abogacía del Estado. Este organismo dio el visto bueno en 2015, con Rajoy en el Gobierno, a la prórroga de la planta. Tres años después, con Pedro Sánchez de presidente y con la presión de varios recursos judiciales contra la prórroga, rectificó su decisión y estableció una vida útil máxima de 75 años desde el inicio de la concesión, lo que fijaba el cierre de la planta para 2033. Ese criterio de la Abogacía es el que quiere extender el borrador del reglamento al resto de sectores.

Un impacto de 185 millones. Si ese escenario de cierre no se pudiera revertir, el coste para Ence se elevaría a 185 millones de euros. De ellos, 74 millones tendrían impacto en caja, por los costes de desmantelamiento, la cancelación de contatos y el expediente de extinción de empleo para los trabajadores. Otros 111 millones corresponderían a los costes por deterioro de activos.

 

Fuente: CincoDías

 

 
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