Tan solo faltan unos meses para que inicie el plazo en el que las grandes empresas españolas deben presentar sus informes de sostenibilidad de acuerdo con la nueva normativa europea CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Este reglamento llegará a afectar a una enorme cantidad de empresas dentro de nuestro país, ya que las pymes y otras organizaciones también deberán entregarlos en el año 2027.
El alcance y la profundidad de los requisitos de esta nueva normativa son mucho más rigurosos que los de la directiva previa de la Unión Europea, ya que, anteriormente, las compañías debían reportar sobre 90 indicadores y, actualmente, esta cifra puede llegar hasta los 1.100. Además, las sanciones, que deben ser impuestas por cada país suponen una seria amenaza para las empresas y es que, a la espera de conocer las de España, Francia ha anunciado multas de hasta 75.000 y cinco años de prisión.
Sílvia Balcells, directora general de Synergie en España, multinacional especializada en recursos humanos, afirma que esta normativa “supone una continuidad al cumplimiento de nuestro compromiso adquirido en la Agenda 2030 con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)”.
El cumplimiento de estos objetivos sociales se ha convertido en uno de los principales retos de la agenda de las empresas españolas durante los últimos años. Además de los resultados económicos, las empresas han puesto en gran valor la importancia de la responsabilidad social corporativa o los criterios ESG, que también suponen un factor decisivo en los procesos de homologación.
Tanto es así que, tal y como afirma un reciente estudio de PwC, más del 70% de los trabajadores considera esencial que su nueva empresa cumpla con los criterios ESG para plantearse cambiar de empleo. Este porcentaje alcanza su pico máximo en lo que a sostenibilidad se refiere, donde la importancia aumenta hasta el 75%.
Además, el estudio explica que el 75% de compañías ya ha empezado o completado una mejora de su eficacia energética y el 58% crea nuevos servicios, productos o técnicas respetuosas con el medioambiente.
La salud mental de los empleados también supone un factor diferencial en este tipo de desafíos sociales, y es que, tal y como afirma el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el pasado año se alcanzó la cifra máxima histórica de bajas profesionales por salud mental en España con 600.184.
“Los datos mencionados anteriormente son un claro reflejo de la importancia que supone para las empresas de nuestro país contar con una política ESG adecuada”, afirma Sílvia Balcells. “El éxito de una compañía no solo reside en su balance económico, sino que debemos pensar en el legado de la organización. Los empleados cada vez valoran más el compromiso social y con el medio ambiente de las empresas. Y no solo ellos, también lo hacen los inversores y clientes potenciales”, concluye Balcells.
En este sentido, la sostenibilidad también ha generado un gran impacto en el ecosistema laboral español y, es que, según Eurofound, España será el país europeo que más se beneficie de la ocupación en el sector renovable hasta el final de esta década. Este hecho se debe en gran parte al paquete de medidas introducido por la Comisión Europea con el objetivo de reducir el 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a 1990.
Fuente: Synergie