La Memoria 2016 de la Unidad de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía General del Estado recoge las actividades e iniciativas desarrolladas por esta Fiscalía a lo largo de 2016. En este artículo se analiza su participación en propuestas legislativas e intervención en la tramitación de procedimientos de naturaleza jurídico ambiental en ámbitos tan relevantes como la contaminación de aguas, vertidos ilegales de hidrocarburos y otras sustancias, vertederos, vertidos y residuos en general, y distracciones, extracciones y usos ilegales de aguas.
Siguen produciéndose supuestos verdaderamente serios en esta temática ambiental. La memoria de Sevilla recoge el procedimiento tramitado por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Sanlúcar la Mayor, a instancias de Fiscalía por detección de altos niveles de toxicidad detectados por el SEPRONA en 2016 en el dominio público hidráulico en la corta de Aznalcóllar, en la corta de Los Frailes y en balsas anejas de recogida de lixiviados. En ellas se depositan sustancias altamente contaminantes que en su día afluyeron masivamente al río Guadiamar. Por ser zona especialmente sensible se han extremado las cautelas durante la investigación, ordenándose periciales tanto a la autoridad minera como a la Confederación.
También la citada memoria de Sevilla alude a las investigaciones, ya judicializadas, por ingentes detracciones ilegales de aguas públicas en la comarca de Doñana. Es un problema tratado en años anteriores que sugiere la endémica falta de control de la Confederación Hidrográfica respecto a tales extracciones.
Ourense describe en su memoria el problema de contaminación del suelo por un enterramiento de materiales contaminantes en una fosa en una finca propiedad de una empresa. Es de destacar también otro supuesto referido en la misma por la contaminación de agua por la depuradora del Concello de san Ciprián de Viñas. Se trataba de un vertido que contenía una elevada concentración de metales pesados tales como boro, aluminio, magnesio, hierro, níquel, cobre zinc, cadmio y cobalto y se produjo porque los responsables de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) no desviaron el vertido al tanque pulmón que posee la propia EDAR, donde el carácter altamente ácido del mismo se podría neutralizar con sustancias alcalinas, permitiendo que el mismo se vertiera directamente al cauce del río Barbaña, extendiéndose hasta un tramo de 5 kms. y prolongándose desde el día 24 de junio al 1 de julio de 2009. Hay que reseñar que el diseño de dicha EDAR se realizó teniendo en cuenta el origen industrial de parte de las aguas residuales, razón por la cual se construyó una balsa pulmón en la entrada de la planta, que permitiera aislar, almacenar y homogeneizar descargas y vertidos industriales puntuales, que pudiesen afectar a las instalaciones de la depuración, para su posterior incorporación a la línea de tratamiento de forma gradual. Se incluyó también un equipo de tratamiento físico-químico adaptado para el tratamiento de los efluentes industriales que permite la regulación del PH y la posterior decantación de sustancias contaminantes en el decantador primario.
Como consecuencia del vertido se produjo un grave impacto medioambiental cuyo resultado fue una mortandad masiva de peces, hasta un total de 17.013 ejemplares, la grave devastación del ecosistema fluvial y la seria afectación de los hábitats, aunque sin duda fueron las aguas superficiales las que sufrieron la mayor efecto del vertido.
Siguiendo con las depuradoras, la memoria de Segovia reseña la apertura de una investigación por parte del SEPRONA sobre el estado de las depuradoras de los pueblos con mayor población de esta provincia, dando como resultado que la depuradora de Cuéllar no cumplía con la normativa de protección del medio ambiente, por lo que comprobado este hecho, se remitió al Juzgado correspondiente en fecha 10 de Octubre de 2016.
Por su parte, la memoria de Álava habla de unas diligencias por un vertido continuado de la estación depuradora de aguas residuales de Salvatierra, con un importante riesgo para el medio ambiente.
También la memoria de Segovia alude a la investigación por un envenenamiento masivo de peces por las obras de remodelación de la depuradora de Segovia, estando pendiente la determinación de la empresa responsable, al existir varias empresas concesionarias de dichos trabajos.
La memoria de Zamora destaca una investigación por un delito contra el medio ambiente, venta ilegal de agua (defraudación de fluido), y otros supuestos delictivos. La investigación se debió a una denuncia interpuesta por tres concejales del Ayuntamiento de Venialbo, localidad de Zamora, contra el Alcalde, al haber procedido a la venta de agua del suministro del abastecimiento público a una empresa de precocinados que trasladaba el agua en camiones cisterna hasta sus instalaciones. El Alcalde carecía de autorización administrativa de la Confederación Hidrográfica del Duero, la cual es la titular del dominio hidráulico del Acuífero 17, que corresponde a ese término municipal. El precio del agua se había fijado por el Alcalde, según la Ordenanza Municipal que establece el precio del agua para piscinas y riego de huertos. El Alcalde informó, en el transcurso de un Pleno, que la “Confederación, si ellos estaban de acuerdo, no iba a poner problemas” a tal iniciativa. El agua detraída y transmitida a la empresa compradora, desde el mes de julio de 2016, se extrajo fuera de la zona en donde se encuentra instalado el contador de control de la Confederación.
Es esencial mencionar el positivo resultado que supuso la sentencia de condena en casación por un delito contra el medio ambiente, frente a la mera condena por una simple desobediencia anterior, en la conocida como sentencia del buque Prestige. Se trata de una condena que marca un antes y un después en materia ambiental en nuestro país y que permitirá recuperar los gastos de limpieza causados por la contaminación procedente del vertido, valorados en más de mil millones de dólares.
Por su parte, la memoria de Tarragona refiere un caso de contaminación de las aguas del puerto de Tarragona con ocasión del derrame procedente de las instalaciones de la empresa del ramo, produciendo un derrame de fuel-oil estimado entre cuarenta mil y ochenta mil litros. Se ha dictado sentencia condenatoria de conformidad.
Según la memoria de Asturias, resultan destacables las Diligencias de Investigación, incoadas por un aviso de la Capitanía Marítima de Avilés por operaciones de limpiado de las bodegas de un mercante en aguas territoriales españolas, que dieron lugar a las Diligencias Previas correspondientes, una vez el judicializado el asunto.
La memoria de Cádiz describe los importantes vertidos que tienen su origen en las instalaciones de tratamiento de residuos del Paraje Majadal de Bustos, y que se vienen produciendo desde años anteriores, realizados además aprovechando la noche, los fines de semana, etc. De las investigaciones llevadas a cabo se desprende que, por parte de una de las empresas, se ha instalado una red de tuberías y canalizaciones que permite el vertido directo de lixiviados al arroyo a través de dos puntos no autorizados y se ha constituido un depósito ilegal de residuos líquidos por cubitainers sin inertizar, estabilizar ni solidificar.
Aunque es difícil de calificar, a los efectos de su incardinación en alguno de los diferentes apartados de la presente memoria, hay que hacer referencia al Procedimiento Abreviado (PA) en trámite del Juzgado de Instrucción nº. 2 de Alcalá de Guadaira. Pues bien, en el mismo se ha formulado escrito de acusación contra tres personas físicas y dos personas jurídicas por la comisión de un delito contra el medio ambiente del anterior art. 328 CP. y tres delitos de homicidio imprudente. Todas ellas justificadas a raíz de la muerte de tres personas de la misma familia por una intoxicación sufrida en diciembre de 2013; la causa fue la inhalación de fosfina procedente de los restos de hidróxido de aluminio hallados en la vivienda familiar, derivados de los 993 tapones utilizados para cerrar herméticamente los botes de pesticida comercializados por una de las empresas acusadas.
La memoria de Segovia detalla brevemente el inicio de una investigación por el SEPRONA de una planta de compostaje en Fuentepelayo, por el tratamiento irregular de residuos que genera vertidos líquidos y sólidos sobre el terreno de diferentes parcelas y a instancias de una agrupación vecinal.
La memoria de Madrid se refiere al incendio de neumáticos almacenados ilegalmente en Seseña y Valdemoro, que si bien la causa está declarada secreta, pero se está profundizando mucho en la misma y en este momento el incendio parece que fue doloso. Pues bien, a raíz del acontecimiento del vertido de neumáticos y consiguiente incendio en la localidad de Seseña, diferentes memorias vienen recogiendo en sus memorias supuestos similares, entre las que destaca la memoria de Jaén. Hay que reseñar que, acto seguido de la investigación abierta por la citada Fiscalía, los particulares implicados presentaron documental acreditativa de haber llevado a cabo la retirada de los neumáticos existentes y su entrega a gestores autorizados, lo que determinó el archivo posterior de las actuaciones. También la memoria de Zamora se refiere a varios vertederos con neumáticos, uno propiedad del Ayuntamiento de Galende, otro titularidad del Ministerio de Fomento y otro privado, estando todos ellos en vías de solución. Se ha abierto igualmente una investigación por las Fiscalías gallegas. Badajoz también detalla casos de acumulaciones de neumáticos.
La memoria de Guadalajara hace una prolija descripción de un asunto penal contra dos empresas dedicadas profesionalmente al sector de residuos peligrosos y no peligrosos que ha tenido una amplia difusión mediática. La hipótesis con la que se trabaja es que se ha producido una ocultación de los residuos peligrosos que entraban en las instalaciones para permitir que no fueran detectados y pudieran ser mezclados con los residuos no peligrosos para ser llevados a vertederos no autorizados para la tenencia de estos últimos.
La memoria de Sevilla hace referencia al PA 5282/2014 de la Sección 3ª de la Audiencia Provincial y la correspondiente sentencia de condena, ya firme, por delitos contra el medioambiente y daños contra el dominio público a los cuatro responsables de la empresa minera “Cobre las Cruces SA”, por vertidos y contaminación con arsénico del acuífero Niebla Posadas, así como por detracciones abusivas de agua.
Murcia se refiere al tema de la contaminación del Mar Menor, ya citado en memorias anteriores. Los hechos denunciados consisten en que desde hace varios años y fruto de la actividad agrícola del campo de Cartagena, se están produciendo unos vertidos cuyo origen es la actividad de las desalobradoras de los agricultores. Ante la ausencia de agua para riego y al existir en la zona el denominado acuífero “Cuaternario”, se instalan sin autorización alguna las citadas desalobradoras, que se encargan de extraer agua del mencionado acuífero, el cual se encuentra contaminado fruto de los vertidos de nitratos de la actividad agrícola, agua que no está en condiciones de ser utilizada para el riego y el sobrante considerado “rechazo” se vierte de varias formas y va a parar al Mar Menor, por vía superficial y por vía subterránea, a través del contacto con los acuíferos. Hay que aclarar que el Mar Menor es un lugar que tiene todos los niveles de protección ambiental admisibles. Este proceder puede ser constitutivo de un delito contra el medio ambiente, además de estar investigándose también la actuación de los poderes públicos competentes para evitar ese resultado. Pues bien, estas diligencias comenzaron su tramitación por primera vez en fecha 6 de abril de 2016, de oficio por la Fiscalía a raíz de varias informaciones que se habían publicado en varios medios de comunicación acerca de la situación que estaba sufriendo el Mar Menor. Con base en ello el Fiscal instructor (Fiscal Delegado de Medio Ambiente y Urbanismo) interesó la actuación de la Unidad del SEPRONA adscrita al Fiscal de Sala de Medio Ambiente con el fin de realizar una inspección ocular con toma de muestras, actuación que al final se derivó en el SEPRONA de la comandancia de Murcia. En la actualidad, la citada investigación se halla en fase de prórroga de seis meses para su finalización.
Lee el texto completo correspondiente a Contaminación, vertidos y usos ilegales de Aguas en la Memoria 2016 de la Unidad de Medio Ambiente y Urbanismo, páginas 54 a 58.