Multa ejemplar a 39 constructoras y sus filiales por repartirse el negocio de la gestión de residuos

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha impuesto una multa de 98,2 millones de euros a 39 empresas y tres asociaciones de gestión de residuos y saneamiento urbano. Se trata de una sanción ejemplarizante, de las más elevadas que ha impuesto la Dirección de Competencia del regulador, ante la "existencia probada" de una práctica concertada global de reparto del mercado durante más de una década, por el cual las empresas sancionadas respetaron los clientes de sus competidores públicos y privados, se repartieron licitaciones públicas e intercambiaron información comercial sensible, según informó el macrorregulador.

Este expediente afecta especialmente a las cinco grandes constructoras y a sus filiales de gestión de residuos: FCC, Ferrovial, ACS, Valoriza (Sacyr), Urbaser (ACS), Cespa (Ferrovial) y Saica, que acumulan multas por más de 72 millones.

Las investigaciones de la CNMC comenzaron en 2013 a partir de otro expediente de gestión de residuos sanitarios en Baleares y analizaron las prácticas anticompetitivas del sector entre 1999 y 2013.

No ha habido denuncia ni colaboración de empresas ni de administraciones, por lo que no se ha aplicado el programa de clemencia. Las conductas infractoras afectan a Madrid, Andalucía, Cataluña, País Vasco, Murcia, Castilla-La Mancha, Extremadura, Castilla y León, Comunidad Valenciana, La Rioja, Ceuta y Melilla.

La víctima principal del cártel es el Ayuntamiento de Madrid, en concreto, en seis lotes de contratos de limpieza viaria y jardinería por valor de 2.300 millones que se repartieron FCC, Cespa y Urbaser.

Además, el Consistorio madrileño ha sufrido infracciones en un contrato de residuos sólidos de 542 millones en el que FCC, Cespa y Urbaser firmaron un acuerdo para coordinarse de cara a una licitación un 35% superior al servicio que ya prestaba FCC, que quedó desierta. Desde la CNMC destacan que en numerosos casos las prácticas infractoras impactan con fuerza en el contribuyente, que sufraga estos servicios con sus impuestos.

Reparto de licitaciones

En ocasiones, las empresas se repartieron licitaciones públicas a través de la presentación de ofertas conjuntas bajo UTE (Unión Temporal de Empresas) o no concurrieron a las mismas a cambio de la subcontratación de servicios.

El expediente, de cerca de 1.000 páginas, documenta estos pactos anticompetitivos con abundantísimos ejemplos, entre los que destacan los correos electrónicos que intercambiaban las distintas empresas entre sí, de los que se ha incautado la CNMC en inspecciones a sus sedes y ordenadores. A menudo las infracciones las coordina y facilita una asociación sectorial, en concreto, Arema, Aselip y Aceser.

La CNMC no ha derivado a lo Penal ninguna pieza del expediente y niega haber detectado relación entre estas conductas y otras relacionadas con tramas de corrupción o la presunta mordida que habría cobrado el PP de Castilla-La Mancha por el contrato de limpieza de Toledo adjudicado a una empresa de Sacyr.

Esta multa de 98,2 millones supone el 3% del total de los beneficios ponderados de las empresas en los años investigados, aunque la CNMC no niega que el perjuicio económico podría ser mayor.

Fuente: Expansión.com