La Comisión Europea ha adoptado recientemente un documento de orientación sobre el acceso a la justicia en materia de medio ambiente que aclara cómo los particulares y las asociaciones pueden impugnar ante los órganos jurisdiccionales nacionales decisiones, actos y omisiones de las autoridades públicas vinculados a la legislación medioambiental de la UE. Ahora los ciudadanos pueden pedir cuentas a las autoridades públicas que incumplan los derechos y obligaciones establecidos en la legislación medioambiental más fácilmente.
La Comisión Juncker ha dado un paso adelante con la publicación de estas orientaciones, pues ofrece a los ciudadanos las directrices necesarias para que puedan acceder mejor a los sistemas judiciales nacionales. Las orientaciones tienen como finalidad ayudar a los particulares y las organizaciones no gubernamentales a decidir si recurren a los órganos jurisdiccionales nacionales.
Por su parte, los órganos jurisdiccionales nacionales pueden valerse de las orientaciones para ayudar a determinar todas las causas del Tribunal de Justicia de la UE que deben tener en cuenta cuando se enfrenten a cuestiones relacionadas con el acceso a la justicia en asuntos medioambientales. Gracias a estas orientaciones, las administraciones nacionales pueden percatarse de las posibles deficiencias de sus sistemas judiciales y las empresas pueden percibir con mayor claridad qué derechos y obligaciones de la UE están en juego en las decisiones, actos y omisiones que les afecten.
Frans Timmermans, vicepresidente primero responsable del Estado de Derecho, ha afirmado lo siguiente: «La seguridad jurídica es un principio fundamental de las sociedades basadas en el Estado de Derecho, y es importante que ofrezcamos estas orientaciones a todas las partes interesadas. La legislación medioambiental constituye la vanguardia de nuestros esfuerzos por construir un futuro sostenible para la UE, y todos necesitan comprender con claridad sus derechos y responsabilidades».
Karmenu Vella, comisario de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca, ha declarado lo siguiente: «El objetivo de la legislación medioambiental es la protección de los ciudadanos y de su salud. Cuando las autoridades públicas incumplen los derechos y obligaciones establecidos en esa legislación, los ciudadanos pueden pedirles cuentas. Las nuevas orientaciones suponen un paso importante en la capacitación de los ciudadanos para ocuparse de cuestiones tales como la calidad del aire, el agua o la gestión de los residuos. Al someter asuntos de índole medioambiental a los órganos jurisdiccionales nacionales, los ciudadanos pueden contribuir a garantizar la correcta aplicación de la legislación medioambiental en toda la UE».
El Tribunal de Justicia de la UE ha dictado diversas sentencias que aclaran los requisitos de la UE sobre el acceso a la justicia en asuntos de medio ambiente. Cabe citar los ejemplos siguientes al respecto:
La nota de orientación adoptada reúne todas estas sentencias en un texto único, facilitando a los ciudadanos su comprensión y sus implicaciones al presentar un documento exhaustivo. La adopción de la nota de orientación presentada se complementará mediante conversaciones con los Estados miembros que aún no cumplan íntegramente sus obligaciones, según la interpretación del Tribunal de Justicia de la UE. Estas conversaciones también se llevarán a cabo en el contexto del proceso establecido mediante la revisión de la aplicación de la política medioambiental.
El acceso a la justicia garantiza que los particulares y las asociaciones de protección del medio ambiente puedan hacer que, en determinadas condiciones, un tribunal nacional independiente examine si una autoridad pública ha actuado legalmente con respecto a decisiones, actos u omisiones que afecten a sus derechos. Las garantías básicas consisten en el derecho a ser oído, un examen suficientemente minucioso por parte de los jueces nacionales, medidas para solucionar problemas y medidas para evitar las costas prohibitivas.
El documento de orientación se basa en las disposiciones sobre el acceso a la justicia establecidas en el Derecho derivado de la UE y las disposiciones del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente (Convenio de Aarhus), según la interpretación del Tribunal de Justicia de la UE. El ámbito de aplicación del documento de orientación se limita al acceso a la justicia con respecto a decisiones, actos y omisiones de las autoridades públicas de los Estados miembros. Quedan excluidos los litigios entre particulares en materia de medio ambiente y la revisión judicial de los actos de las instituciones de la Unión.