La Comisión Europea redactó veintiocho informes que describían los principales retos y oportunidades que planteaba la aplicación de la política medioambiental para cada Estado miembro. En el informe correspondiente a España se destaca que la aplicación y ejecución en materia medioambiental representa, en general, un reto para este Estado miembro. España es un marco de referencia excepcional dentro de la UE por su capital natural, que ofrece oportunidades pero también implica una especial responsabilidad. En este artículo se pormenorizan las herramientas de aplicación: Instrumentos e inversión basados en el mercado, desde el punto de vista de España.
El Plan de Acción de la UE para la Economía Circular alienta el uso de incentivos financieros e instrumentos económicos, como la fiscalidad, para garantizar que los precios de los productos reflejen mejor los costes medioambientales. La eliminación progresiva de subvenciones perjudiciales para el medio ambiente se supervisa en el contexto del Semestre Europeo y en los programas nacionales de reformas presentados por los Estados miembros.
Gravar la contaminación y el uso de los recursos puede generar más ingresos y aporta importantes beneficios sociales y medioambientales. Además, la fiscalidad relacionada con el medio ambiente es una de las pocas que, en general, no perjudica al crecimiento
Los impuestos medioambientales han sido una herramienta de uso común para lograr objetivos medioambientales en los diversos ámbitos políticos en España. No obstante, en la última década ha habido un descenso general en la recaudación de impuestos medioambientales como porcentaje de los ingresos fiscales totales. Hay también una cierta dispersión normativa y un enfoque heterogéneo en el caso de determinados impuestos a escala regional e incluso local.
En España, los ingresos de la fiscalidad medioambiental como porcentaje del PIB están entre los más bajos de la UE. Cabe señalar que, en 2012, España fue el Estado miembro con el porcentaje más bajo: 1,6 % del PIB, muy por debajo de la media de la Unión del 2,4 %. Este porcentaje representó el punto más bajo en diez años (2,08 % del PIB en 2002).
Según datos de 2014, España es el tercer país con el porcentaje más bajo en la UE (tras Lituania y Eslovaquia). Los ingresos por impuestos medioambientales supusieron únicamente el 1,85 % del PIB frente a una media del 2,46 % en la UE. Además, España es uno de los países con un porcentaje más bajo de fiscalidad ambiental en los ingresos por impuestos y contribuciones sociales (5,5 % del PIB en 2014, media de la UE 6,35 %).
Ingresos por impuestos medioambientales como porcentaje de los ingresos totales procedentes de impuestos y contribuciones sociales (con excepción de las contribuciones sociales imputadas) en 2014
Como en la mayoría de los Estados miembros, la parte más importante de los ingresos procedentes de los impuestos medioambientales proviene de los impuestos sobre la energía.
La reforma de la fiscalidad relacionada con el medio ambiente puede desempeñar un papel importante para mantener el crecimiento económico. Gravar la contaminación y el uso de los recursos aportaría ingresos adicionales y, al mismo tiempo, contribuiría a desincentivar actividades que puedan suponer un mayor coste en el futuro en lo que a limpieza, gastos sanitarios, etc., se refiere. Estos ingresos suplementarios podrían, asimismo, sustituir los recortes en el gasto.
Las políticas de contratación pública ecológica de la UE animan a los Estados miembros a adoptar medidas adicionales para alcanzar el objetivo de aplicar criterios de contratación pública ecológica, como mínimo, al 50 % de las licitaciones públicas.
La contratación pública ecológica (CPE) es el proceso por el cual las autoridades públicas pretenden adquirir productos, servicios y obras con un impacto medioambiental reducido durante su ciclo de vida, en comparación con el de otros productos, servicios y obras con la misma función primaria que se adquirirían en su lugar.
La capacidad adquisitiva de la contratación pública equivale aproximadamente al 14 % del PIB. Una parte importante de este dinero se emplea en sectores con un elevado impacto medioambiental como la construcción y el transporte, de modo que la CPE puede contribuir de manera significativa a reducir el impacto del gasto público y a promover iniciativas empresariales innovadoras y sostenibles. La Comisión ha propuesto una serie de criterios de CPE para la UE.
En líneas generales, España no cuenta con una política de contratación pública horizontal y coherente para todo el territorio, ni existen controles suficientes sobre la correcta aplicación de las normas de contratación pública, en particular, en los niveles inferiores a la administración central.
La estrategia nacional sobre Contratación Púbica Ecológica (CPE) en España es el Plan de Contratación Pública Verde de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos, y las Entidades Gestoras de la Seguridad Social. Se aprobó en enero de 2008102 .
Se han elaborado criterios de CPE a escala nacional para los siguientes grupos de productos: construcción y mantenimiento, transporte, energía, equipos de oficina, papel y publicaciones, mobiliario, productos y servicios de limpieza y eventos. Algunas regiones también han aplicado medidas a este respecto, p. ej.: en Cataluña, el acuerdo de gobierno sobre contratación pública está basado en los criterios de CPE de la UE y en el País Vasco los criterios de CPE se establecen basándose en consultas de mercado fundamentalmente a partir de los criterios de CPE de la UE.
Los objetivos de la CPE son alcanzar niveles de adquisición con criterios ecológicos de entre el 25 y el 100 % dependiendo del grupo de productos y de la fase de aplicación. Se han incluido ocho grupos de productos, de conformidad con los grupos prioritarios de la Comisión Europea, junto con un calendario para la consecución de objetivos específicos. También se han establecido objetivos para la reducción del consumo y la combinación energética.
España ha aprobado dos informes sobre la situación de la contratación pública ecológica en la Administración General del Estado. El primer informe en noviembre de 2011 y el último en julio de 2015. El segundo informe se realizó de conformidad con las disposiciones del mencionado Plan de Contratación Pública Verde y refleja avances desde la aprobación del primer informe sobre la aplicación de medidas en favor de la contratación pública ecológica.
El informe refleja, en líneas generales, la consecución de un amplio grado de cumplimiento, con la aplicación de prácticamente la totalidad de los resultados en la mayor parte de los ocho grupos de productos mencionados para los que el Plan da prioridad a la inclusión de criterios medioambientales. Debe destacarse la sustitución generalizada de las publicaciones en papel por publicaciones electrónicas.
Los Reglamentos de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos establecen que los Estados miembros deben promover objetivos medioambientales y climáticos en sus estrategias y programas de financiación en relación con la cohesión económica, territorial y social, el desarrollo rural y la política marítima, y reforzar la capacidad de los órganos de ejecución para obtener inversiones rentables y sostenibles en esos ámbitos.
Hacer un buen uso de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) es esencial para lograr los objetivos medioambientales e integrarlos en otros ámbitos políticos. Otros instrumentos como Horizonte 2020, el Programa LIFE y el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) pueden también respaldar la aplicación y la difusión de las mejores prácticas.
En términos absolutos, España es tradicionalmente un importante beneficiario de la política de cohesión de la UE. La financiación de la UE recibida por España durante los últimos períodos de programación ha contribuido de manera significativa a lograr los estándares ambientales así como a mejorar la aplicación de la política y la legislación medioambientales de la UE en muchos sectores, p. ej.: el agua y los residuos.
Los datos actuales sugieren que los fondos de la UE para el período 2007-2013 se han gastado casi en su totalidad. España recibirá en total 28 560 millones EUR de los fondos de la política de cohesión a lo largo del período de programación 2014-2020 (FEDER y FSE, incluida la financiación de la cooperación territorial europea y la dotación para la Iniciativa de Empleo Juvenil). España recibirá también 8 290 millones EUR para desarrollo rural (Feader) y 1 160 millones EUR para la pesca y el sector marítimo (FEMP).
En el período 2014-2020, trece de las diecinueve regiones españolas están alcanzando la condición de región más desarrollada y, por tanto, reciben menos financiación de la UE, mientras que el Fondo de Cohesión ya no está disponible para España. Las inversiones medioambientales también deben seguir el nuevo diseño de la política de cohesión de la UE y las principales prioridades reflejadas en la concentración temática (innovación, TIC, pymes y economía hipocarbónica). No obstante, las inversiones medioambientales directas son todavía significativas y representan alrededor del 11,8 % del FEDER (2 300 millones EUR).
Fondos Estructurales y de Inversión Europeos 2014-2020: Presupuesto España por tema, miles de millones EUR
En lo que a los sectores medioambientales se refiere, las principales prioridades de España para el período 2014- 2020 del FEDER son: aguas residuales (alrededor de 1 100 millones EUR), rehabilitación de zonas industriales y tierra contaminada (256 millones EUR), biodiversidad y Natura 2000 (225 millones EUR) y adaptación al cambio climático ( 195 millones EUR).
Hay un programa operativo nacional de crecimiento sostenible, con la mayor dotación del FEDER (alrededor de 5 500 millones EUR) con cuatro ejes prioritarios: economía hipocarbónica, desarrollo urbano sostenible, calidad del agua y transporte sostenible. Este programa operativo concentra una gran parte de las inversiones medioambientales, aunque también están presentes en muchos programas operativos regionales del FEDER.
Además, cabe señalar los distintos programas operativos de cooperación territorial del FEDER (cooperación transnacional y transfronteriza) con participación de España en los que las inversiones medioambientales tienen un peso considerable
Lee de manera completa la Parte II: Herramientas de aplicación "Instrumentos e inversión basados en el mercado" del informe de España, páginas 26-31.