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El 25 de abril se cumplieron dos décadas del vertido de Aznalcóllar, una de las catástrofes ambientales más graves ocurridas en España, producida por un vertido de lodos tóxicos en el Parque Nacional y Natural de Doñana. Causado por la rotura de la Balsa Minera de Aznalcóllar propiedad de la empresa sueca Boliden, el vertido liberó al cauce del Guadiamar 5,5 millones de metros cúbicos de lodos y 1,5 millones de metros cúbicos de aguas ácidas, con un alto contenido en metales pesados y otros elementos tóxicos. Con la efeméride por medio, las principales ONG ambientales denuncian que en la actualidad estamos generando riesgos similares a los que ocasionaron esta catástrofe.

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La rotura de la balsa de residuos de la multinacional Boliden en la minas de Aznalcóllar en abril de 1998 envenenó la llanura de inundación del río Guadiamar en más de 60 kilómetros y llegó al espacio natural de Doñana. Aquella catástrofe pudo evitarse si las autoridades andaluzas y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir hubieran tomado las medidas necesarias de prevención y cautela, ante las repetidas denuncias ecologistas que se produjeron desde 1995. 

En el vigésimo aniversario de la catástrofe de Aznalcóllar las organizaciones Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF alertan de un importante resurgir del extractivismo minero en nuestro país así como de la relajación de los controles administrativos y legales, y reclaman una aplicación estricta de las leyes que evite que catástrofes como esta vuelvan a repetirse. En este sentido, las organizaciones ecologistas reclaman el desarrollo de una nueva ley marco que proteja el subsuelo del Estado.

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Existen tres grandes proyectos de megaminería metálica en la Franja Pirítica de Huelva y Sevilla: la mina de Los Frailes en Aznalcóllar, Sevilla, que se pretende reabrir, la mina de Riotinto reiniciada en 2015 y Cobre Las Cruces.

Mina Los Frailes, una reapertura sin garantías

Las organizaciones ecologistas han manifestado su rechazo frontal a la pretensión –amparada por la Junta de Andalucía– de reabrir la mina de Los Frailes, en Aznalcóllar. La administración regional ha otorgado la concesión minera a una empresa, Minera Los Frailes, que ni siquiera participó en el concurso minero. Además, esta concesión se ha otorgado sin realizar la Evaluación de Impacto Ambiental ni la Autorización Ambiental Unificada, como marca la ley.

La reapertura se propone mediante minería subterránea y necesita que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir autorice previamente el vaciado de la corta minera a cielo abierto, abandonada desde 2001. Aquí se acumulan 14 millones de metros cúbicos de aguas ácidas (el doble del volumen que se derramó en el accidente de hace dos décadas), que se verterían al espacio protegido de la Red Natura 2000, el Corredor Ecológico del Guadiamar. Es decir, se podría volver a contaminar el mismo cauce en el que se ha invertido una gran cantidad de dinero público para su restauración.

Riotinto, que la historia no se repita

También han advertido de una catástrofe ambiental en ciernes, de consecuencias incluso peores: el posible colapso de las balsas de lodos de la Mina de Riotinto. La Junta de Andalucía está permitiendo la actividad minera de la empresa Atalaya Riotinto Minera, a pesar de que esta compañía incumple de manera continuada desde hace más de tres años las condiciones de procesado de los lodos, contribuyendo aceleradamente al deterioro y la inseguridad de las presas que los retienen.

Efectivamente, Atalaya Riotinto está vertiendo los lodos a las balsas con un contenido líquido del 70 % mientras que las autorizaciones ambientales y mineras obligan a espesarlos por debajo del 50%. Esto acelera la posibilidad de que los muros de las presas se fracturen. Además, la empresa ni siquiera ha construido la planta de espesado de lodos prevista en las autorizaciones.

Los vertidos se producen cerca de los muros de cerramiento de las balsas. La acumulación de líquido, unido a las fuertes lluvias recientes, produce a su vez efectos de subsidencia que podrían dañar la base de estos muros. A esto se une el hecho de que dichos muros han sido recrecidos con técnicas y materiales similares a los que se usaron en la maltrecha balsa de Aznalcóllar, lo que incrementaría el riesgo de rotura.

La Junta de Andalucía conoce estas circunstancias, de hecho, en abril de 2016, la autoridad minera de Huelva acordó la paralización de la actividad de vertido de lodos, por incumplimiento de las condiciones de espesado. Sin embargo, en apenas tres semanas la Dirección General de Minas levantó esa paralización, permitiendo el vertido de lodos sin que se cumplan las condiciones impuestas por ese mismo departamento en la autorización de reinicio de la actividad minera.

Cobre Las Cruces

En septiembre de 2016, un fallo judicial histórico contra la compañía Cobre Las Cruces, filial de la multinacional canadiense First Quantum, que explota una de las minas a cielo abierto más grandes de Europa, situada en Gerena, Sevilla. Tras ocho años de denuncias, se ha condenado en firme a tres exdirectivos de la empresa por delitos contra el medioambiente y daños al dominio público, por contaminar con arsénico un acuífero para consumo humano. La denuncia inicial, de 2008, consiguió la paralización de la actividad minera durante un año y obligó a la empresa a invertir más de 30 millones de euros en sistemas de depuración que iba a eludir.

 

Fuente: modificado de Ecologistas en Acción

 

 
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