Nueva Legislacion y Normativa Ambiental en España

legislacion medioambientalLas más importantes referencias en legislación medioambiental española y europea actualizadas, como son las leyes en materia de impacto ambiental y de evaluación ambiental, reales decretos sobre residuos y contaminación de agua y atmósfera, sin olvidarnos de cualquier otra norma comunitaria europea o de ámbito autonómico y local que sea innovadora y de interés general para el sector ambiental.

Nuevas Leyes, Reales Decretos, Directivas, etc. de Medio Ambiente:

netenvira

...de motores de encendido por compresión y motores de encendido por chispa destinados a la propulsión de vehículos.

El presente Reglamento se aplicará a los vehículos de motor de las categorías M1, M2, N1 y N2 con una masa de referencia superior a 2 610 kg y a todos los vehículos de motor de las categorías M3 y N3.

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Actualmente, el sector minero en Andalucía vive un momento de transformación: mientras que la extracción de áridos ha disminuido debido a la caída de la construcción y la obra pública, resurge la minería metálica gracias al incremento de la demanda durante los últimos años y, en consecuencia, al aumento de los precios del material y los avances tecnológicos que permiten convertir en rentables antiguas explotaciones. Esta tendencia a favor de la minería metálica frente al resto de la minería no ha hecho más que crecer. Por tanto, la nueva Estrategia Minera de Andalucía 2014-2020 ha de reflejar la nueva situación en la Comunidad Autónoma, en la que la minería metálica tiene cada vez un mayor peso en la economía de Andalucía, en comparación al resto de sectores.

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La atmósfera es un bien común indispensable para la vida respecto del cual todas las personas tienen el derecho de su uso y disfrute y la obligación de su conservación; de ahí que la calidad del aire y la protección de la atmósfera hayan sido, desde hace décadas, una prioridad de la política ambiental. El Plan Nacional de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera 2013-2016: Plan AIRE, establece un marco de referencia para la mejora de la calidad del aire en España; por una parte, mediante una serie de medidas concretas y, por otra, mediante la coordinación con otros planes sectoriales, y en especial con los planes de calidad del aire que puedan adoptar las comunidades autónomas y las entidades locales en el marco de sus competencias.

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Debido al largo periodo de tiempo transcurrido desde la entrada en vigor de la anterior Orden de 26 de octubre de 1993 y teniendo en cuenta que el Plan Nacional Integrado de Residuos para el período 2008-2015 contempla la correcta gestión los lodos de depuradoras de aguas residuales urbanas, y que los avances técnicos que han ocurrido en materia de producción, tratamiento y aplicación al suelo agrario de los lodos de depuración, se hace necesario revisar el contenido de la misma, adaptándola a la nueva realidad. Esta Orden AAA/1072/2013, de 7 de junio, sobre utilización de lodos de depuración en el sector agrario tiene por objeto actualizar el contenido del Registro Nacional de Lodos y la información que deben proporcionar las instalaciones depuradoras de aguas residuales, las instalaciones de tratamiento de los lodos de depuración y los gestores que realizan la aplicación en las explotaciones agrícolas de los lodos de depuración tratados.

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Mediante la presente Ley se introducen modificaciones en los siguientes aspectos en el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios Naturales de Canarias:

1.- Se deroga el apartado 4 del artículo 44, y se introduce el artículo 44 bis, para regular los efectos de la entrada en vigor de una nueva ordenación sobrevenida.

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La presente Ley modifica la anterior Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. Entre las modificaciones más importantes en la Ley 16/2002, se encuentran las siguientes:

  • Se modifica ligeramente el actual ámbito de aplicación del anexo I relativo a las actividades a las que se aplica la norma para cubrir tipos de instalaciones adicionales, y lo concreta y amplía más en relación con determinados sectores (por ejemplo, tratamiento de residuos).

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El Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunidad Valenciana (PATFOR) se aprueba en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 19 y ss. de la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, de la Generalitat, Forestal de la Comunidad Valenciana, y en la Ley 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje, para los Planes de Acción Territorial.

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metilnonilcetona, extracto de margosa y ácido clorhídrico en el anexo I del mismo Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre por el que se regula el proceso de evaluación para el registro, autorización y comercialización de biocidas.

Mediante la primera orden se transpone al ordenamiento jurídico interno la Directiva 2012/22/UE, de la Comisión de 22 de agosto de 2012, por la que se modifica la Directiva 98/8/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de forma que incluya el carbonato de didecildimetilamonio como sustancia activa en su anexo I para uso en biocidas del tipo 8 (protectores para maderas).

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La presente ley pretende sentar las bases de un uso del litoral que sea sostenible en el tiempo y respetuoso con la protección medioambientalLa ley se estructura en dos grandes bloques, el primero implica una modificación parcial y profunda de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, y el segundo establece el nuevo régimen de prórroga extraordinaria y selectiva de las concesiones otorgadas al amparo de la legislación anterior, y un conjunto heterogéneo de disposiciones que complementan a la modificación de la Ley de Costas.

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En primer lugar, debemos aclarar que este real decreto es continuación o prórroga del real decreto 648/2011, de 9 de mayo y responde a las expectativas de la Estrategia Integral para el Impulso del Vehículo Eléctrico 2010-2014, que puso de manifiesto la necesidad de realizar una serie de actuaciones con objeto de favorecer el desarrollo y uso de vehículos eléctricos, no solo con la pretensión de fomentar tecnologías más eficientes y ecológicas sino para facilitar una mayor utilización de este tipo de vehículos con la finalidad de obtener un mejor aprovechamiento de las energías renovables, favorecer la reducción de emisiones en los puntos de mayor concentración de las mismas y disminuir la dependencia de los productos petrolíferos.

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El contexto en el que nace esta Orden deviene de la necesidad de aprobar una norma con carácter básico para especificar algunos elementos necesarios que regulen la aplicación práctica de los requisitos de la Decisión 2003/33/CE del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos, buscando una homogeneidad en su aplicación. De ahí que se haya considerado conveniente la redacción de un único texto en el que se refundan las prescripciones que se mantienen en vigor del anexo II del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, las de la Decisión 2003/33/CE del Consejo y aquéllas que se aprueban para la plena aplicación en España de dicha Decisión.

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Mediante la Orden Foral 73/2013, de 5 de marzo, del Consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, el pasado 15 de abril se aprobó el Programa de Inspección Ambiental de la Actividad Industrial y el Plan de Inspecciones para el año 2013, poniendo así en práctica lo indicado en la Directiva 2010/75/UE, la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de abril de 2001 y lo establecido en el Decreto Foral 93/2006 y otras normativas específicas, en lo referente a la inspección de las actividades industriales.

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La actual coyuntura turística, que se mueve en un contexto económico y financiero complejo y los cambios en la dinámica y en las tendencias de la demanda que se han generado desde la aprobación del Decreto 261/2007, de 16 de octubre, por el que se aprueba el Plan General del turismo Sostenible de Andalucía 2008-2011, determinan la necesidad de diseñar una nueva estrategia turística, para afrontar con rigor y antelación los nuevos retos y el futuro del turismo en Andalucía, como sector clave en el desarrollo y bienestar de nuestra sociedad.

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Mediante este real decreto se transpone parcialmente la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, en lo relativo a la certificación de eficiencia energética de edificios, refundiendo el Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, con la incorporación del Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios existentes.

 
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