Nueva Legislacion y Normativa Ambiental en España

Tal y como os veníamos contando, el Diario Oficial de la Unión Europea ha publicado cuatro directivas que modifican ciertas normativas europeas que afectan al medio ambiente. Este artículo se centra en la Directiva (UE) 2018/849 por la que se modifican la Directiva 2000/53/CE relativa a los vehículos al final de su vida útil, la Directiva 2006/66/CE relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores y la Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

Mediante el Decreto 58/2018, de 4 de mayo, del Consell, se aprueba el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral y el Catálogo de Playas de la Comunitat Valenciana. Este Plan de Acción Territorial es un instrumento que, de conformidad con las legislaciones autonómicas, prevalece sobre los planeamientos urbanísticos municipales que puedan verse afectados y atiende a la situación de fragilidad del litoral de esta Comunidad Autónoma. Por otro lado, el Catálogo de Playas establece los criterios generales para las autorizaciones y concesiones de obras, instalaciones, usos o actividades que se pretendan implantar en estos lugares.

Esta semana, el Diario Oficial de la Unión Europea ha publicado cuatro directivas emanadas del Parlamento Europeo y el Consejo que modifican ciertas normativas europeas del ámbito de los residuos, envases de residuos, pilas y acumuladores, RAEE y vertederos.

Durante los últimos años hemos asistido a un incremento de casos en los que se ha excluido del trámite de Evaluación de impacto ambiental a algunos proyectos por parte del Estado o las Comunidades Autónomas. Algunos de ellos tienen especial relevancia, como el proyecto de la planta de regasificación de Mugardos o los 16 parques eólicos en Canarias en diciembre de 2015. En este artículo para Actualidad Jurídica Ambiental, su autor analiza la regulación de las exclusiones de la EIA de proyectos en la Ley de Evaluación Ambiental.

Se ha hecho pública la Orden 18/2018, de 15 de mayo, por la que se regulan las instalaciones de compostaje comunitario en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana. Es objeto de la presente orden definir los condicionantes técnicos y ambientales aplicables a las instalaciones de compostaje comunitario de biorresiduos con el fin de promover su práctica y mitigar los posibles impactos adversos sobre la salud humana y el medio ambiente de estos sistemas comunitarios, excluyendo los procesos de compostaje doméstico y compostaje centralizado.

El Consejo de la Unión Europea ha adoptado esta semana un paquete de medidas sobre residuos que establece nuevas normas para la gestión de residuos y objetivos de reciclado jurídicamente vinculantes. Entre estos últimos destaca la meta propuesta de alcanzar el 55% en la reutilización y el reciclaje de los residuos municipales para 2025 y el 50% en el reciclado para los envases de plástico para la misma fecha.

En el artículo 22 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados se establece el objetivo de preparación para la reutilización y reciclado de residuos de competencia municipal que debe alcanzar España en 2020: el 50%, incorporando así el correspondiente objetivo fijado por la Directiva 2008/98/CE (Directiva Marco de Residuos). Recientemente, esta Directiva ha sido revisada, por lo que se propone una modificación de la citada Ley 22/2011, para la cual existe un periodo de información pública.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto 293/2018, de reducción del consumo de bolsas de plástico y que además crea el Registro de Productores, trasponiendo al ordenamiento español la Directiva comunitaria. El objetivo es reducir el consumo de bolsas de plástico ligeras en España y crear un registro para obtener información sobre las bolsas de plástico puestas en el mercado en nuestro país.

El Comité Europeo de las Regiones, mediante la presente comunicación al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo, realiza unas recomendaciones políticas acerca del papel de la transformación de los residuos en energía.

Mediante la Resolución de 19 de abril de 2018, se ha convocado las subvenciones para el fomento de los sistemas voluntarios de gestión ambiental, para el año 2018. La dotación máxima de las subvenciones que prevé esta convocatoria es de 250.000 euros.

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, mediante la Orden de 27 de abril de 2018, ha publicado el Programa Andaluz de Suelos Contaminados para el periodo 2018-2023. Este programa constituye un instrumento de acción a medio plazo, que se crea con el objeto principal de establecer directrices de actuación en materia de suelos contaminados en Andalucía, siguiendo dos líneas fundamentales: prevención de la contaminación de los suelos, y recuperación de suelos afectados por contaminación histórica. Por otro lado, la citada Orden de 27 de abril de 2018 crea también la Comisión de seguimiento del Programa andaluz de suelos contaminados, cuyo cometido como órgano colegiado será su seguimiento, control y revisión, conforme lo previsto en el mismo.

A inicios del presente 2018, el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente creó la Comisión Interministerial para la incorporación de criterios ecológicos en la contratación pública. Este grupo ha publicado el borrador del Plan de Contratación Pública Ecológica de la Administración General del Estado (2018-2025), del que se destaca la Tabla de criterios del citado plan.

Se ha aprobado la Ley 5/2018, de 6 de marzo, de la GV, de la Huerta de Valencia con el objeto de preservar, recuperar y dinamizar la Huerta como espacio con reconocidos valores agrarios, ambientales, paisajísticos, arquitectónicos, históricos, culturales y antropológicos. Esta norma establece un marco regulador de los usos del suelo y medidas de gestión y financiación de la actividad agraria que fomentan el mantenimiento de la actividad productiva, la mejora de las condiciones de vida de las personas que se dedican a la agricultura y la preservación de la Huerta de València, frente a las presiones de naturaleza urbanística que amenacen su sostenibilidad.

La forma en la que se aplican y se hacen cumplir las normas sobre la clasificación de residuos tiene consecuencias importantes sobre las elecciones futuras de gestión de los residuos, como la practicabilidad y viabilidad económica de la recogida, el método de reciclado o la elección entre reciclado y eliminación. Esas discrepancias pueden tener un impacto en la aceptación de las materias primas secundarias. El presente documento de orientación sobre la clasificación de los residuos es una primera herramienta para ayudar a los operadores de residuos y a las autoridades competentes a adoptar un enfoque común sobre la caracterización y la clasificación de los residuos y minimizar así esas discrepancias e impactos.

Etapas básicas del proceso de clasificación

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria 525/2017 examina la posibilidad de que en un expediente de revisión de Autorización Ambiental Integrada (AAI) de una mercantil de Torrelavega dedicada a la producción de cloro-alcalí, una empresa potencialmente competidora con la titular de la autorización, pueda personarse en el procedimiento administrativo de revisión de la AAI en concepto de interesada. El Gobierno de Cantabria negaba tal posibilidad, por lo que dicha empresa competidora recurrió, alegando que al dedicarse a la fabricación del mismo producto, está obligada a adaptarse a las nuevas Mejores Técnicas Disponibles, que le suponen cuantiosas inversiones.