Nueva Legislacion y Normativa Ambiental en España

La Orden de 13 de diciembre de 2017, de la Consejería de Presidencia y Fomento de la Región de Murcia, aprueba la Instrucción sobre el régimen de autorización excepcional de edificación y usos del suelo por interés público regulado en la LOTURM, que faculta al Consejero competente en materia de ordenación territorial o en materia de urbanismo para dictar instrucciones interpretativas de las disposiciones normativas e instrumentos relacionados con la materia, previo informe de los órganos consultivos y de participación previstos en la Ley.

Mediante la presente Orden de ETU/1185/2017 se traspone parcialmente al Derecho español la Directiva 2013/59/Euratom, en lo relativo a la desclasificación de los materiales residuales sólidos generados en instalaciones nucleares. Se sustituye de este modo el anterior sistema de autorización administrativa caso por caso por un modelo en el que se permite a los propios titulares de las instalaciones llevar a cabo la desclasificación de los materiales residuales, atendiendo a los niveles establecidos en el anexo I de la orden.

El MAPAMA ha abierto la consulta pública del proyecto de Real Decreto por el que se aprueban las Directrices para la caracterización del material dragado y su reubicación en aguas del dominio público marítimo-terrestre. La aprobación de estas Directrices como real decreto está incluida en las Estrategias Marinas de España como una de las medidas nuevas a aplicar. El plazo para efectuar observaciones será de dos meses.

La presente Decisión de Ejecución 2017/2117 de la CE adopta las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en la industria química orgánica de gran volumen de producción que figuran en su anexo, ajustándose en todo momento a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación).

Las ONG podrán ser parte en procedimientos administrativos sancionadores, ampliando así el acceso a la justicia ambiental y la participación pública. La jurisprudencia la crea el fallo del Tribunal Supremo a favor de Oceana, que podrá personarse en expedientes sancionadores.

Las empresas estarán obligadas a reportar informes no financieros, en virtud del Real Decreto-ley en Materia de Divulgación de Información no Financiera, recién aprobado por el Consejo de Ministros. La nueva norma traspone al marco jurídico español la Directiva 2014/95/UE, de divulgación no financiera y diversidad.

La Orden PRA/1080/2017 tiene por objeto modificar el anexo I del Real Decreto 9/2005 para su oportuna actualización. El régimen jurídico de los suelos contaminados en España se define en la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados, cuyo título V versa sobre los suelos contaminados, y se completa con el citado Real Decreto 9/2005, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, que rige la gestión de los suelos contaminados.

Orden APM/1040/2017, de 23 de octubre, establece la fecha a partir de la cual será exigible la constitución de la garantía financiera obligatoria para las actividades del anexo III de la Ley de Responsabilidad Medioambiental, clasificadas como nivel de prioridad 1 y 2.

A partir de la publicación de la Ley 22/2011, de Residuos y Suelos Contaminados, los materiales naturales excavados cuando se destinen a operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las que se generaron, sufrieron un cambio de régimen jurídico. Con esta Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, se pretende permitir la utilización de estos materiales en obras de construcción distintas a aquéllas en las que se generaron y en operaciones de relleno, sin necesidad de que se solicite autorización de gestor de residuos por parte de las personas físicas o jurídicas que llevarán a cabo las citadas operaciones de valorización.

Mediante Resolución de 3 de octubre de 2017 se ha suscrito el Convenio entre la Dirección General de Calidad, Evaluación Ambiental y Medio Natural y el Organismo Autónomo Organismo Autónomo Parques Nacionales para la adaptación de tendidos eléctricos de alta tensión a las prescripciones previstas en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución de líneas de alta tensión.

La Comisión Europea, preocupada por el desconocimiento existente relativo al acceso a la justicia en materia ambiental entre los ciudadanos de la Unión ha presentado un extenso texto con el objetivo de facilitar a éstos la mayor información práctica posible sobre el acceso a los procedimientos de control jurisdiccional que tienen a su alcance. Mediante la explicación y la interpretación de los requisitos jurídicos existentes, se detallan las posibilidades de impugnación para el europeo de a pie así como jurisprudencia de referencia para las administraciones.

En su artículo 23, la Directiva 2006/66/CE, relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores y por la que se deroga la Directiva 91/157/CEE , prevé que la Comisión examine la aplicación de la propia Directiva, así como su impacto en el medio ambiente y en el funcionamiento del mercado interior. Así, pues, esta consulta es el primero de los mecanismos que la UE ha puesto en marcha para la realización de dicha revisión.

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La sentencia del Tribunal Constitucional 53/2017 responde al recurso de inconstitucionalidad por vulneración del sistema de distribución competencial interpuesto por la Generalitat de Catalunya en relación con diversos preceptos de la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental. En ella se estima parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto, anulando determinados preceptos de la ley que considera que exceden del ámbito de lo básico y reinterpreta otros.

El presente Real Decreto 773/2017 modifica cinco reales decretos que regulan diferentes aspectos en materia de productos y emisiones industriales para mejorar la articulación del sistema de aplicación de tales normas y modificar aspectos puntuales de su regulación. Por consiguiente, se estructura en cinco artículos de modificación de otras tantas normas reglamentarias en materia de productos y emisiones industriales.

El registro de empresas con riesgo por amianto de Castilla y León, es un registro administrativo de carácter público, adscrito al Centro Directivo que tenga atribuidas las competencias en materia laboral. Es un registro único para la Comunidad de Castilla y León, sin perjuicio de su organización en secciones.