La Ley Foral 14/2018, de 18 de junio, tiene por objeto la prevención de la generación de residuos y la mejora en su gestión con el fin de cumplir con la jerarquía de residuos y alcanzar los objetivos de la economía circular y cambio climático en el marco de las competencias de la Comunidad Foral de Navarra, de acuerdo con lo establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

La Directiva (UE) 2018/850 del Parlamento Europeo y del Consejo, de reciente publicación, introduce modificaciones en la Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de residuos.

La futura norma regulará el marco para el control, la gestión y la recuperación de las fuentes radiactivas huérfanas. Incorporará parcialmente al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/59/Euratom del Consejo, de 5 de diciembre de 2013, por la que se establecen normas de seguridad básicas para la protección contra los peligros derivados de la exposición a radiaciones ionizantes. Aunque España dispone desde hace décadas de un riguroso sistema de control para el uso y posesión de las fuentes radiactivas no puede descartarse la existencia de fuentes radiactivas que estén al margen de este sistema de control, bien porque han sido utilizadas antes de su implantación o porque proceden de otros países mezcladas con otras mercancías, como puede ser el caso de materiales metálicos destinados a su reciclaje.

Se aprueban de manera definitiva los Mapas Estratégicos de Ruido de los aeropuertos de Alicante-Elche, Gran Canaria, Ibiza, Lanzarote, Málaga-Costa del Sol, Palma de Mallorca, Tenerife Norte, Tenerife Sur y Valencia, en su Fase III, de acuerdo a lo previsto en el artículo 14 de la Ley 37/2003, del Ruido.

Tal y como os veníamos contando, el Diario Oficial de la Unión Europea ha publicado cuatro directivas que modifican ciertas normativas europeas que afectan al medio ambiente. Este artículo se centra en la Directiva (UE) 2018/849 por la que se modifican la Directiva 2000/53/CE relativa a los vehículos al final de su vida útil, la Directiva 2006/66/CE relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores y la Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

Mediante el Decreto 58/2018, de 4 de mayo, del Consell, se aprueba el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral y el Catálogo de Playas de la Comunitat Valenciana. Este Plan de Acción Territorial es un instrumento que, de conformidad con las legislaciones autonómicas, prevalece sobre los planeamientos urbanísticos municipales que puedan verse afectados y atiende a la situación de fragilidad del litoral de esta Comunidad Autónoma. Por otro lado, el Catálogo de Playas establece los criterios generales para las autorizaciones y concesiones de obras, instalaciones, usos o actividades que se pretendan implantar en estos lugares.

Esta semana, el Diario Oficial de la Unión Europea ha publicado cuatro directivas emanadas del Parlamento Europeo y el Consejo que modifican ciertas normativas europeas del ámbito de los residuos, envases de residuos, pilas y acumuladores, RAEE y vertederos.

Durante los últimos años hemos asistido a un incremento de casos en los que se ha excluido del trámite de Evaluación de impacto ambiental a algunos proyectos por parte del Estado o las Comunidades Autónomas. Algunos de ellos tienen especial relevancia, como el proyecto de la planta de regasificación de Mugardos o los 16 parques eólicos en Canarias en diciembre de 2015. En este artículo para Actualidad Jurídica Ambiental, su autor analiza la regulación de las exclusiones de la EIA de proyectos en la Ley de Evaluación Ambiental.

Se ha hecho pública la Orden 18/2018, de 15 de mayo, por la que se regulan las instalaciones de compostaje comunitario en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana. Es objeto de la presente orden definir los condicionantes técnicos y ambientales aplicables a las instalaciones de compostaje comunitario de biorresiduos con el fin de promover su práctica y mitigar los posibles impactos adversos sobre la salud humana y el medio ambiente de estos sistemas comunitarios, excluyendo los procesos de compostaje doméstico y compostaje centralizado.

El Consejo de la Unión Europea ha adoptado esta semana un paquete de medidas sobre residuos que establece nuevas normas para la gestión de residuos y objetivos de reciclado jurídicamente vinculantes. Entre estos últimos destaca la meta propuesta de alcanzar el 55% en la reutilización y el reciclaje de los residuos municipales para 2025 y el 50% en el reciclado para los envases de plástico para la misma fecha.

En el artículo 22 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados se establece el objetivo de preparación para la reutilización y reciclado de residuos de competencia municipal que debe alcanzar España en 2020: el 50%, incorporando así el correspondiente objetivo fijado por la Directiva 2008/98/CE (Directiva Marco de Residuos). Recientemente, esta Directiva ha sido revisada, por lo que se propone una modificación de la citada Ley 22/2011, para la cual existe un periodo de información pública.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto 293/2018, de reducción del consumo de bolsas de plástico y que además crea el Registro de Productores, trasponiendo al ordenamiento español la Directiva comunitaria. El objetivo es reducir el consumo de bolsas de plástico ligeras en España y crear un registro para obtener información sobre las bolsas de plástico puestas en el mercado en nuestro país.

El Comité Europeo de las Regiones, mediante la presente comunicación al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo, realiza unas recomendaciones políticas acerca del papel de la transformación de los residuos en energía.

Mediante la Resolución de 19 de abril de 2018, se ha convocado las subvenciones para el fomento de los sistemas voluntarios de gestión ambiental, para el año 2018. La dotación máxima de las subvenciones que prevé esta convocatoria es de 250.000 euros.

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, mediante la Orden de 27 de abril de 2018, ha publicado el Programa Andaluz de Suelos Contaminados para el periodo 2018-2023. Este programa constituye un instrumento de acción a medio plazo, que se crea con el objeto principal de establecer directrices de actuación en materia de suelos contaminados en Andalucía, siguiendo dos líneas fundamentales: prevención de la contaminación de los suelos, y recuperación de suelos afectados por contaminación histórica. Por otro lado, la citada Orden de 27 de abril de 2018 crea también la Comisión de seguimiento del Programa andaluz de suelos contaminados, cuyo cometido como órgano colegiado será su seguimiento, control y revisión, conforme lo previsto en el mismo.